Si pensáramos en la paz no como un derecho, sino como un acto consciente de cada ciudadano que se hace responsable de su propio destino, quizás el sentido de apropiación de los ciudadanos por una mejor convivencia y respeto por su próximo, su prójimo, tendría una mayor solidez. El que la Corte Constitucional convirtiera la paz en un derecho (art. 22 Constitución Política de Colombia, C P C,/91) permitió abrir puertas para garantizarles a los ciudadanos, en lo posible, no sufrir los efectos de la guerra; al igual que otorgarle al Presidente la facultad de negociar acuerdos de paz y promulgar la Ley de Justicia y Paz, entre otros propósitos. Esto conlleva el continuar diseñando la transición, que no deja de ser dolorosa, hacia la reconciliación de los colombianos y la reconstrucción de proyectos de vida más dignos.

El Derecho les permite a los ciudadanos resolver sus conflictos por la vía jurídica. Pero, quisiera proponer otra lectura de este asunto: no se ama a los símbolos patrios ni se es más patriota, porque se decrete que todas las emisoras deben poner a las 6:00 a.m. y a las 18:00 horas el Himno Nacional; no se consigue la paz porque se le ponga como un artículo en la Constitución. Si así fuera, los DD:HH. que aparecen en ésta dejarían de ser derechos de papel. Si llegaron a plasmarse en la CPC no fue por iniciativas de parlamentarios o presidentes, sino de millares de ciudadanos que se organizaron y pelearon porque sintieron vulnerados hasta sus mínimos vitales: salud, agua, educación, trabajo… Cuando los ciudadanos participan de manera consciente, hacen suyo lo que se plasma en el papel. Los ciudadanos sienten que lo más relevante de la Carta es aquello que corresponde a los Derechos, lo cual tiene una profunda influencia en la vida cotidiana de hombres y mujeres. Es la mejor herramienta para participar y recuperar la democracia desde que se fundó la República.

Así nacieron los consejos de paz en Colombia: cuando se recrudecía el conflicto armado interno en Colombia: secuestros masivos, tomas guerrilleras, expansión paramilitar, multiplicación de las masacres y asesinatos de líderes defensores de DD.HH., millares de ciudadanos en todos los rincones de este país comenzaron (con miedo y todo) a levantar sus voces: más de dos millones de niños y niñas exigieron respeto por sus derechos; se escribió el mandato promovido por la Unicef, Redepaz y País Libre que logró interesar a casi 10 millones de ciudadanos (octubre/97), quienes les exigieron a los actores armados la humanización de la guerra y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario: no secuestrar, no reclutar niños y niñas, no causar desarraigos y no desaparecer civiles.

El primer Consejo Nacional de Paz se dio bajo el Gobierno del presidente Samper, mediante La Ley 434 del 98; luego, otro con Pastrana, y uno más con Álvaro Uribe. En el segundo período del mandato de Santos se reactiva a través del Decreto Ley 885 del 2017, que modifica el primero. Y se establecen tres comisiones sustantivas: pedagogía, educación y cultura de paz; asimismo, se da la implementación de los acuerdos de paz con enfoque territorial; veeduría y garantías de no repetición; inclusión de nuevos sectores sociales y elección del Comité Nacional de Paz.

El 8 de mayo del presente año, el gobernador Guido Echeverri Piedrahíta, convencido de que se debe transitar por el camino de la reconciliación, empezando por una efectiva atención a las víctimas, sancionó la Ordenanza 818, que le da vida al Consejo Departamental de Paz, y que fue presentada ante la Asamblea Departamental por el diputado Juan Sebastián Gómez González.

Pero… ¿qué se requiere para que de nuevo no se vuelvan muertos insepultos los consejos de paz? Dos cosas: una, que no decaiga el compromiso de los gobernantes, quienes deben facilitar mecanismos para cumplir con las decisiones que se acuerden con los ciudadanos. Los gobiernos deben disponer de recursos suficientes para que se puedan adelantar, entre otros, proyectos en educación para la paz y la atención de las víctimas. Para el efecto, el Decreto 885 estipula recursos del Fondo de programas especiales para la paz, así como también se pueden crear regímenes de ejecución especial. Y dos, que haya una seria participación de los ciudadanos comprometidos y debidamente capacitados. El mayor peso de los consejos de paz recae en la vitalidad de la sociedad civil, en los ciudadanos, y en la toma de consciencia de éstos de sentirse corresponsables del logro de una vida más digna.