Ahora resulta que si a uno lo llaman a amenazarlo de muerte, hay que responder con mucho respeto para no pasar por maleducado; no vaya a ser que lo maten a uno por esto, y no por defender los derechos humanos, lo cual por supuesto, también es ignominioso, innoble, despreciable… Esto fue lo que le sucedió a la profesora del municipio de San Pablo, Bolívar, Deyanira Ballestas, quien sufrió la amenaza de un comandante del “clan del Golfo”, identificado por el Ejército.
Frente a los 178 asesinatos de líderes sociales desde que se firmó el Acuerdo de paz el 24 de noviembre del 2016, más los 98 que se sucedieron entre enero y mayo del presente año, los otros 24 que ocurrieron entre junio y julio (creo que ya estoy desfasado en las cifras) es inexplicable que las voces que rechazan y repudien estos viles actos, no correspondan realmente a organizaciones sociales. Quizás me equivoque, pero hasta ahora no conozco ningún pronunciamiento de alguna. Lo que escucho son voces de ciudadanos aislados, solos, desprotegidos y que no trascienden el mundanal ruido de la infamia y la indiferencia. 
Recientemente se instaló en Caldas el Consejo de Paz -y desde hace un año existe el Consejo municipal de Paz-, como organismos promotores, asesores y consultivos de los gobiernos departamental y municipal. Se entiende que deben poder decir muchas cosas respecto de los asesinatos de líderes sociales, sean o no del Departamento (aquí ya van tres, y son muchos), máxime porque cuentan con el apellido Derechos Humanos, es decir, que deben ser vigilantes activos de la vida. Pero, nada, están ahí… calladitos. Las voces que se oyen son de algunos de sus miembros que no han encontrado eco para adelantar estrategias conjuntas de protección y de prevención. Yo mismo las propuse. Tengo la amarga sensación de que estos consejos de paz se volverán de nuevo (como tantas veces) en muertos insepultos que gozan de buena salud.
Al parecer se olvida que el mayor peso de los consejos de paz recae en la vitalidad y voluntad de los ciudadanos debidamente organizados. Lo había dicho en una columna anterior, depende de la “toma de consciencia de los ciudadanos de sentirse corresponsables del logro de una vida más digna.” Lo digo de manera más categórica: los consejos de paz también son responsables de la vida de los líderes sociales.
Es urgente que estos organismos de paz consideren que las amenazas que acogotan la existencia de millares de ciudadanos que buscan materializar proyectos de vida dignos y decentes, no son pocas ni de menor valía. Es claro que lo que se ve son despliegues de “fuerza bruta” que socavan la estabilidad de un país mediante las amenazas y los asesinatos. El propósito, me parece, es el de afectar seriamente los modelos de inclusión social, los procesos de recuperación de las tierras y la búsqueda de la verdad. 
Muchos esperábamos que este proceso de Paz decantara condiciones suficientes para posibilitar una reorganización del Estado, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de los territorios que estuviera articulado con la reforma agraria, tan necesaria y urgente.
El asesinato de los líderes sociales -y cualquier asesinato-, así sea uno, debe causarnos indignación. Precisamente por esto, lo que deberíamos entender, no solo como sujetos solos, sino como ciudadanos organizados, caso de los consejos de paz, es que el futuro de este país debe estar enmarcado en la no-violencia, en la reconciliación de lo diferentes que somos. Estoy convencido de que no se trata tanto de pensar en la tolerancia a la diferencia, sino en celebrar que somos distintos. Y esperaría que los miembros de los consejos de paz y los gobiernos departamental y municipal pusieran los puntos sobre la íes. No se puede seguir permitiendo que estos atroces crímenes continúen subvirtiendo la legitimidad del Acuerdo de Paz, y que los más afectados continúen siendo los grupos étnicos, el movimiento Lgtbi, las organizaciones campesinas y ambientalistas y, en general, las asociaciones más vulnerables. Ni un asesinato más. Y, ni siquiera, ni un amenazado más.