El mensaje que dejan las marchas en defensa de la educación pública superior debe convertirse en el momento de toma de consciencia de nuestra sociedad sobre una gran prioridad: La educación. Cuando una sociedad tiene metas y prioridades claras y bien definidas, establece un norte contundente. Y eso es lo que debemos ganar como sociedad.
La educación como prioridad se viene trabajando de años atrás. Se han hecho importantes avances, el gobierno anterior puso como meta que Colombia sea, para el 2025, la más educada de América Latina. Más aún, la inversión para la educación fue mayor a la de la guerra con las firmas de los acuerdos con la guerrilla. Pero todavía nos toca avanzar más. Ese es el grito que todavía hace eco de las marchas del miércoles pasado.
Las pancartas de los estudiantes universitarios ondean con los sueños de muchos colombianos que buscan en la educación la oportunidad de sus vidas. Pues bien, asegurar por una cobertura amplia y suficiente de la educación con calidad debe ser el gran propósito nacional. En la coyuntura del inicio del presente gobierno es bastante propicia, pues pronto se entrará a la discusión del plan de desarrollo del país para los próximos cuatro años. Es en este instrumento de planeación que debemos articular la política pública para que pongamos en el centro la educación.
Y para fijar las prioridades en la escena nacional, no permitamos que aquellos guerreristas, apalancados en los medios de comunicación y el temor, impongan otras prioridades que benefician a los vendedores de armas y que nos descentran del foco de desarrollo social para Colombia. Debemos seguir los ejemplos pacifistas como el de Costa Rica.
Finalmente, la marcha se focalizó en la financiación de las Universidades estatales. La realidad es que en muchas de ellas hay serios problemas de infraestructura y también desajustes presupuestales de su operación que es necesario atender. Pero en el fondo la pregunta debe ser más general. ¿Cómo el país asegura la financiación de su educación? Sabiendo que es un servicio público, todos los intervinientes en su prestación deben contar con el apoyo del Estado. Y en ese orden de ideas, hay que buscar fórmulas para que todo el sistema educativo, tanto el estatal como el privado, cuente con el apoyo. Una educación diversa, plural, con distintas alternativas asegura una democracia fuerte, participativa y plural.
Como decía una de las canciones que circularon en redes sociales para motivar la marcha de los estudiantes en favor de la educación pública: “buena financiación, buena financiación, que se le dé la debida atención…”. Y esta será, necesariamente, un gran consenso por la educación. Acuerdo, amplio e inclusivo, que debemos tejer entre todos como sociedad, para que todos los actores queden alineados y los presupuestos y política pública reflejen en concreto este anhelo nacional.
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