El presidente Duque viene poniendo claridad sobre el roto fiscal que dejó el Gobierno Santos y hace bien, pues no se trata del odioso “espejo retrovisor”, sino de responsabilidad con el país. Es necesario que el nuevo presidente le informe a la opinión con precisión de la realidad fiscal.
En el año 2012 gozamos de los mayores precios del petróleo, con 100 dólares el barril. Pero cayó en los siguientes tres años de manera consecutiva hasta ubicarse por debajo de los 30 dólares, es decir, a una tercera parte. Solo en los dos últimos años, 2017 y 2018, se ha recuperado, pero a medias, estamos por los lados de 65 dólares. Pues bien, esta caída de los ingresos petroleros castigó las finanzas públicas de manera grave. Ante esa disminución de ingresos, para un país es muy complicado reducir de la noche a la mañana el gasto público. Y esto le pasó a Colombia, el Gobierno buscó otras fuentes de financiación, como la reforma tributaria que elevó el IVA al 19%. Pero el hueco fiscal sigue muy grande. Inicialmente voceros del Gobierno han dicho que el faltante es de 25 billones de pesos.
Como en cualquier familia, cuando hay más gastos que ingresos se deben tomar decisiones. En un país es fundamental hacerlo con calma y cuidado. No se puede de manera intempestiva cortar ciertos gastos por las consecuencias sociales y de inversión que pueden tener. Y, por otro lado, hay que hacerlo con delicadeza, pues hay algunas personas o sectores que son más frágiles y vulnerables que otros. Igualmente, hay la tentación de hacer cortes de rápida acción pero que tienen consecuencias en el largo plazo (“cuando ya no esté el gobierno”) y hay que ser supremamente responsables. El país es una institución con vocación de perdurabilidad, por lo que siempre hay que tener un horizonte de tiempo abierto para evaluar las decisiones. En este orden de ideas, el Gobierno Duque debe ser muy cuidadoso a la hora de los torniquetes, ajustes y trepanaciones, para que no estrangulen el futuro del país.
El presidente ha anunciado una iniciativa legal de “reactivación económica” que incluirá la ley de financiamiento fiscal, que se supone no será una reforma tributaria, al decir del propio Duque. Así lo anunció en Confecámaras, no sé si se trata de un juego de palabras o de cuestiones de fondo. Habrá que esperar a que presenten los proyectos de ley en el Congreso. 
De otro lado, el presidente anunció que defenderá los programas sociales aún por encima de ciertos proyectos que había planteado en su programa de gobierno. Con la presentación y trámite del Plan Nacional de Desarrollo de su cuatrienio será el momento para exponer y evidenciar sus prioridades de acción. Hay que hacer el ajuste, pero sin estrangular.

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Mal parado quedó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con su empresa panameña para intermediación de bonos del agua de la que se quiso desligar antes de posesionarse como ministro. No solo por haber sido el creador del sistema que hubo la necesidad de cancelar con el paso de los años. No solo porque la plata del agua no impactó a las comunidades pobres como se esperaba. No solo por los grandes descuentos con que se negociaban dichos papeles. Sino por el hecho de ser una empresa que tendría características de pasar agachada para impuestos. Lo dejan por lo menos herido para ser el jefe de finanzas públicas de un país decente.