La figura de los revisores fiscales ha sido siempre muy controvertida. Muchos consideran que son unos contadores, o firmas de contadores, que ganan sin hacer nada, que solo existen por la necesidad de cumplir con unos requisitos legales y que no agregan valor a la organización. Cada vez que hay un escándalo en una empresa sale a relucir que los informes de los revisores se habían dictado como ellos dicen: “limpios”, sin reservas ni críticas. Y queda sobre el tapete la función de asegurar la transparencia en la información pública sobre la situación contable de la empresa.
Según un artículo de Dinero, que le dedicó carátula de una edición de este año bajo el título: “Revisores fiscales al banquillo”, en Colombia hay unas 22 mil sociedades que tendrían la obligación legal de tener revisor fiscal. Esta presencia de revisores implica costos importantes para las empresas, que no siempre se ven compensados con un servicio que mejore el gobierno corporativo.
Podríamos señalar, entre otras, varias de las razones por las cuales los revisores están en medio de esta tormenta de críticas: Primero, empresas que abierta y decididamente se han dedicado a hacer operaciones indebidas han logrado cooptar a los revisores para que no alerten sobre las jugadas al margen directo o indirecto de la ley. Aquí estamos afirmando que la corrupción les ha tocado la puerta y han accedido a sus mieles. En segundo lugar, que ni se han dado cuenta de las maromas y violaciones a los controles que algunos directivos de empresas han hecho. En este caso pasarían por incompetentes. En tercer lugar, puede ser que sencillamente se han ido acomodando en sus funciones rutinarias mínimas y no van más allá, un indicio de ello estaría en la baja rotación que en muchas empresas tienen los revisores, si bien las buenas prácticas señalan que se deben cambiar cada 4 o 6 años, en algunas sociedades los revisores cumplen más de 10 y aún 20 años y ahí siguen tan campantes. Así pues, hay que escoger entre los acomodados, los incompetentes y los corruptos. Y hay que afirmar que como también hay quienes cumplen a cabalidad con sus funciones y que terminan en no pocos casos suspendidos en sus tareas, precisamente por ejercer bien sus funciones.
Hace pocos días la Superintendencia de Industria y Comercio anunció la apertura de una investigación por actos contra la libre competencia y de paso anunció que abría indagación contra los revisores que no habían detectado la situación. Estamos hablando de grandes empresas como Postobón, el Cerrejón y Procter & Gamble. Según Semana, “en su calidad de revisores fiscales, la Superintendencia también abre pliego de cargos contra Deloitte & Touche, Price waterhouse coopers, Ernst & Young Audit SAS y a KPMG SAS por haber incumplido presuntamente su deber legal de dejar constancia en su examen anual de esta irregularidad”. Mejor dicho las cuatro grandes empresas de revisoría fiscal quedaron en la “picota pública”.
O los revisores fiscales cumplen bien con su función o mucho mejor es que desaparezcan. Y que quede como obligación solamente para las empresas que coticen en bolsa y no en las 22 que habla Dinero.