Desde hace algunos años venimos oyendo noticias de las sanciones por cartelización de empresas. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio, en un compromiso muy importante por defender a los consumidores de los abusos de los empresarios, ha investigado y descubierto cartelización en diversos sectores: del cemento, de los pañales, del papel, de los cuadernos, del azúcar, entre otros. Al parecer esta situación no es única de Colombia, pues en otros países latinoamericanos como Perú y Chile también ha ocurrido algo similar.
“América Latina, una región de carteles”, así tituló un estudio IDL-Reporteros, organización peruana, que viene realizando una investigación sobre los acuerdos colusorios entre empresas, que tienen como simple objetivo subir los precios artificialmente golpeando el bolsillo de los consumidores. Prácticas para distribuirse los mercados o para impedir el ingreso de la competencia, o de aumento injustificado y acordado de los precios, son el tipo de contravenciones que 14 instituciones estatales de competencia de la región han sancionado en más de 600 oportunidades en la región.
La gran paradoja es que los empresarios, por filosofía, defienden a capa y espada la figura del libre mercado como una de las herramientas del sistema capitalista, junto con la protección a la propiedad privada y de la libre empresa. Pues bien, los empresarios que defienden el libre mercado y que cada vez que un Estado entra a regular mucho las condiciones del mercado ponen el grito en el cielo, son los mismos, ¡oh contradicción!, que organizan carteles para hacer ineficaz el sistema de mercado, apropiándose indebidamente de recursos que pertenecen a los consumidores.
Entre 2012 y 2017 fueron castigados un poco más de un centenar de carteles en la región. En Perú por ejemplo recientemente han sido sancionadas con multas por más de 22 millones de dólares varias empresas en el ramo del gas. Un punto de profunda discusión es que en la gran mayoría de los casos no se pasa de colocar la multa, y que no se indemniza a las víctimas por los daños causados. En Chile ha habido unos casos emblemáticos en los cuales asociaciones de consumidores han logrado ser reparadas. Así, los empresarios no solo deben pagar la multa, sino también la indemnización por perjuicios generados a los consumidores.
Una mayor vigilancia por parte de los consumidores es la mejor medicina para erradicar la cartelización. Igualmente, la creación de ligas o asociaciones de consumidores, que con un empuje de técnico y sumando esfuerzos de muchos, logran posicionar ciertos temas en la agenda pública, podrían inyectar un dinamismo al cuidado del libre mercado. De otra parte, la especialización y afinación de los sistemas de seguimiento de los organismos de control, como es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, es vital para que tengan dientes y capacidad investigativa.
Los carteles son una verdadera forma de robarles a los consumidores. Por ello, la importancia de la criminalización de estas actividades. Frente a esta situación, la política debe ser de cero tolerancia, pues la defensa del mercado es la defensa de los consumidores.