La alegría de los estudiantes de las universidades oficiales, luego del acuerdo firmado con el Gobierno para inyectarle mayores recursos a sus planteles de educación superior, dio un mensaje muy positivo y alentador de la importancia de la educación para el Gobierno Duque. Pero se quedó en la mitad del camino. La Constitución le ordena al Estado a propender por toda la educación superior, es decir, la oficial y la privada.
En el Artículo 69, que trata de la autonomía universitaria, el constituyente le impuso una seria responsabilidad al Estado para la financiación de dos aspectos fundamentales de la universidad en el país: la investigación y el acceso de los estudiantes. Así dice la Carta Política: “…El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.
Pues bien, las fuentes financieras para el acceso de las personas a la universidad, es el centro de una política de inclusión educativa y de una política de equidad al brindar posibilidades para aquellos “aptos” para los estudios. En un país donde muchos bachilleres en condiciones no pueden acceder a la educación superior por falta de recursos, este aspecto de la financiación es vital.
Hace una semana el rector de la Universidad Icesi, Francisco Piedrahíta, en los grados, se quejó públicamente del decaimiento de la financiación por el Estado. Allí comentó cómo el Icetex en los últimos años ha perdido dinamismo y volumen de financiación a través de créditos y tasas subsidiadas. Señaló, además, cómo el marchitamiento del programa Ser Pilo Paga con el nuevo programa de Generación E redujo considerablemente la cobertura. Y, finalmente, que los incentivos tributarios para las donaciones con destino a las universidades, dejaron de ser atractivos y que ha llevado a la reducción de los ingresos para becas. La salida, la plantea Piedrahíta, en la aplicación de la Ley 1911 de 2018 sobre la financiación de la educación contingente al ingreso, en pocas palabras, que los estudiantes puedan pagar sus estudios según los ingresos que en el futuro tengan. De hecho, los estudios de empleabilidad muestran que el ingreso de los profesionales es, en promedio, un poco más del doble que el de los bachilleres, es decir, es buen negocio estudiar.
El Estado está en su obligación de plantear las posibilidades de financiación para el acceso de la educación. Su responsabilidad no termina en los muros de las universidades oficiales, sino que abarca a todas las universidades, oficiales y privadas, porque todas prestan un mismo servicio público: la educación.