Difícilmente podremos encontrar un final de agenda legislativa más atiborrado de proyectos de ley y actos legislativos, que el que se avizora este diciembre en el Congreso.
Faltando solo unas cuantas semanas para el cierre de sesiones, se da por descontado que el tiempo no alcanzará para sacar adelante todas las iniciativas que han sido presentadas tanto por el gobierno como por los propios congresistas.
Aunque el país ya se acostumbró a ver los afanes de último momento, el corre corre de ministros atajando congresistas en las puertas de los recintos, a los teléfonos de los asesores buscando los votos que faltan para conformar quórum, lo cierto es que en esta ocasión el panorama es más incierto que nunca.
El estilo impuesto por el presidente Iván Duque de gobernar con independencia, sin utilizar mecanismos de presión hacia el Congreso, conformando un gabinete técnico con muy poca representación política, ha conducido a que el Legislativo ejerza con libertad e independencia un mayor control político, y por eso mismo, debata y estudie más, y radique también más proyectos de ley y actos legislativos.
Podría decirse que eso es lo ideal en una democracia madura, donde hay separación absoluta de poderes.
Lo cierto es que con tantas reformas urgentes y necesarias para llevar a cabo, hacerlo de un solo tajo, con un Gobierno enfrentado al mismo tiempo con el Congreso y las altas Cortes resulta muy iluso pensar que puedan salir todas avante.
El país esta expectante con lo que pueda ocurrir con la ley de financiamiento (Reforma Tributaria), en particular del exabrupto que significa la extensión del IVA del 18% a la totalidad de la canasta familiar, al no menos arbitrario e injusto impuesto a las pensiones, entre otros temas polémicos.
La Reforma Política hasta el momento solo parece avanzar en la dirección de acabar con el voto preferente, así como en la adopción de mecanismos democráticos dentro de los partidos para la selección de sus candidatos en las futuras listas cerradas.
Por su parte la Reforma Judicial tiene enfrentada a la ministra de Justicia con buena parte del Congreso y con las propias Cortes, por la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación del Tribunal de Aforados. La ministra ofreció su cabeza si fracasa su empeño. Ya veremos si la conserva.
De las iniciativas anticorrupción se espera que al menos cuatro de ellas nazcan a la vida pública. Ya varias murieron y otras tantas están en cuidados intensivos.
Con mensaje de urgencia se encuentra el proyecto de ley que fija los términos de ingreso de Colombia a la OCDE, así como el proyecto que cambia el modelo de vigilancia en la Supersalud.
La ley de Orden Público se requiere de su prórroga, ahí si cabe la palabra con “urgencia”, ¡pues se vence este 18 de diciembre!
Además de la aprobación del Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, quedaría faltando la discusión de las reformas a las regalías, a las Corporaciones Autónomas CAR; también hacen fila los proyectos de ley acerca del fracking, vivienda, Tics, etc., el listado es interminable.
Ese panorama nos indica que no solo se deben priorizar los proyectos que en sana lógica deban ser “salvados”, sino que también se debe realizar un Gran Acuerdo Nacional entre el Gobierno y los partidos políticos para entregarle al país las reformas que se necesitan.
Ese Gran Acuerdo no puede ser de ninguna manera del corte frentenacionalista. Debe ser más bien del estilo de los Pactos de la Moncloa que en 1977 permitieron que España hiciera sus reformas política, judicial y económica. Solo un Gran Pacto de esta naturaleza, con generosidad y grandeza, podrá permitir encontrar una salida a la gran encrucijada en la que hoy nos encontramos.
Con amenazas de cierres que huelen a chantaje, con mensajes cifrados, con propuestas de constituyentes, solo se consigue que se radicalicen las posiciones.
Menos mal el estilo conciliador que todos le reconocen al Primer Mandatario puede liderar y convocar a ese gran acuerdo.