Durante varios años al inicio de cada legislatura de la Comisión Quinta del Senado, pronostiqué que terminaríamos sesiones y no tendríamos ni nuevo Código de Minas, ni Ley de Desarrollo Rural, ni reforma a las Corporaciones Autónomas. Infortunadamente dicho vaticinio se cumplió religiosamente año tras año. ¿La razón? Sencilla. Esas tres materias tienen un factor denominador común. Las tres requieren de algo para su aprobación…. Consulta previa. 
Ello como consecuencia de haber suscrito el Acuerdo 169 de la OIT.
Siendo las tres materias muy importantes, quizás donde más se siente no tener una legislación codificada, moderna y actualizada, es en el de la minería.
Buena parte de los gravísimos problemas, como son el de la minería ilegal y la inseguridad jurídica, son consecuencia de la desidia con que el gobierno anterior tuvo al sector minero, no obstante de anunciarlo como una de sus locomotoras.
Es menester recordar que hace 8 años se alcanzó a expedir la Ley 382, mediante la cual se aprobaba un nuevo Código de Minas, el que habiendo sido demandado ante la Corte Constitucional, fue declarado inexequible mediante sentencia C366 de 2011, por no haberse llevado a cabo la consulta previa. 
De ahí en adelante el Gobierno se dedicó a suplir vacíos jurídicos, cual colcha de retazos, a punta de decretos.
Varios fueron nuestros llamados desde el Congreso para que el Gobierno asumiera su responsabilidad de presentar nuevamente un proyecto de Ley de Código Minero, pues bien sabido es que esa es una facultad en cabeza del Ejecutivo Nacional.
Varios ministros del Interior fueron convocados a la Comisión Quinta del Senado para responder por la omisión en su presentación.
En particular recuerdo el debate el 10 de octubre de 2012 en el que cité al ministro de entonces Fernando Carrillo, hoy procurador general de la Nación, quien llevaba solo unas semanas a la cabeza de ese ministerio. 
Revisando las actas de dicha sesión, se observan las dificultades para explicar por qué sus antecesores no habían podido sacar adelante dichas reformas legislativas. Atinó a decir que ya habían comenzado, en coordinación con el Ministerio de Minas, consultas con algunas comunidades indígenas y de negritudes y que, en líneas generales, el Gobierno estaba trabajando en un proyecto de ley para el desarrollo de las consultas previas en el país.
Infortunadamente a hoy, ocho años después, no hay nada de lo uno ni de lo otro.
Mientras tanto, el panorama no puede ser más desolador. El país pierde billones de pesos, pues se calcula que más del 80 por ciento de la minería es ilegal. Todos los días los medios de comunicación dan cuenta de los desastres ambientales en ríos, reservas forestales, en santuarios de fauna y flora, causados por la minería criminal. 
Las guerrillas se vienen adueñando a sangre y fuego de nuestros recursos naturales en buena parte del país. El reciente homicidio de tres geólogos da cuenta del desafío que la criminalidad le plantea al Estado.
En el otro lado de la moneda, quienes optan por la minería legal, quienes pagan impuestos y cumplen con la normatividad ambiental, ahí sí encuentran un Estado bravucón dispuesto a aplicarles “todo el peso de la Ley”.
Aquí el mensaje que queda es; si usted es ilegal no paga impuestos, no le rinde cuentas a nadie y hace lo que le viene en gana. Pero si es legal, “la lleva”.
Ojalá las nuevas ministras Nancy Patricia Gutiérrez y María Fernanda Suárez tomen el toro por los cachos, y le presenten al país el anhelado nuevo Código de Minas.
Ah, y les recuerdo por si acaso, que la ley pendiente para desarrollar las consultas previas, requiere, ¡oh paradoja! , de una consulta previa. 
En buena hora la Corte Constitucional corrigió la gran equivocación cometida por sus miembros anteriores, en relación con las consultas populares. En cuanto a las consultas previas, parece que la llave se encuentra en el fondo del Mar.