Así podríamos titular la salida en falso de la Alcaldía con la propuesta de Acuerdo 111 sobre compensación por aprovechamiento económico del Espacio Público (EP). 
Se está volviendo común en Manizales que los alcaldes pidan perdón por sus salidas en falso. “Somos tontos, torpes, lerdos, mentecatos”, dijo Octavio Cardona ante un grupo de comerciantes indignados por una medida de corte alcabalero, disfrazada de regulación del EP. 
La autocrítica es válida cuando nace de la razón y se toman las medidas correctivas. Pero me temo que hoy, como en el pasado, es solo una estrategia con fines leguleyos para justificar ante los jueces el incumplimiento del deber constitucional de definir y reglamentar integralmente el Sistema de Espacio Público (SEP), manteniendo el vacío jurídico frente a la adopción de los instrumentos de gestión y financiación del EP que alcaldes y élites de la construcción se niegan a implementar en detrimento de la ciudad. Todo ello con graves consecuencias ambientales, sociales y de calidad de vida. En últimas, se propone generalizar los abusos que tanto se producen sobre el EP en épocas de ferias, como un asunto de todos los días. 
Ya son dos décadas sin instrumentos apropiados para gestionar el desarrollo urbanístico de la ciudad e implementar el SEP. Siempre queda postergado en los intentos de reglamentación o se faculta al alcalde para que lo haga. Cada mandatario hace su amague, presenta proyectos mal formulados técnicamente, sin concertación previa, para luego hundirlos en el Concejo. 
Los antejardines son espacios públicos, así estén al cuidado de los privados. Cumplen funciones muy importantes de carácter paisajístico y ambiental, ayudan a mitigar el ruido de los vehículos y garantizan mayor privacidad al interior de las viviendas. En ocasiones se planean como reservas de espacio para futuras ampliaciones de bulevares. Por todas estas razones deben hacer parte del SEP de las ciudades para su adecuada administración y gestión pública. 
En ese sentido, los antejardines están concebidos como un valor de uso, pero la falta de planeación y autoridad para su preservación, ha permitido que se generalice la idea de que son espacios privados para usufructo privado y, por tanto, se han convertido en un valor de cambio en favor del interés particular.
Mediante una sutil estrategia que dura años en materializarse, los propietarios comienzan instalando una reja alta con puerta y candado, luego instalan un techo traslúcido y lo usan como estacionamiento cubierto, con el tiempo cambian las tejas y cierran con muros, finalmente se alquila para actividad comercial o sirve para sacarle renta a un nuevo apartamento. Todo esto con la connivencia de las autoridades, quienes no tienen instrumentos para controlarlo, pero tampoco hacen nada para conseguirlo. Y de esa manera lo que era público y tenía un valor de uso, se convierte en nuevas rentas para los propietarios, impidiendo cualquier posibilidad de aprovechamiento como EP. 
Todo esto podría evitarse si la alcaldía tuviera un SEP claro, con todos los instrumentos adecuados para su gestión. Los ciudadanos sabrían a qué atenerse y se evitaría esa práctica perversa donde cada alcalde negocia con los privados según su saber y entender, y muchas veces usándolo con fines politiqueros o corruptos. ¿Por qué a un empresario de la construcción le regalan plusvalías, le conceden mayores índices de aprovechamiento y le negocian las normas ambientales en la zona con función amortiguadora de la reserva Río Blanco, mientras a pequeños comerciantes se les intenta cobrar un impuesto mensual por metro cuadrado por el uso de terrazas y antejardines? ¿Cómo se aplican los principios de proporcionalidad y equidad en la aplicación de la ley o de los derechos y deberes frente al uso y disfrute del EP?
Tienen razón los comerciantes en indignarse y pedir el hundimiento de ese proyecto, aunque también deben asumir deberes para con la ciudad. Pero es la administración municipal la que tiene la responsabilidad de presentar al Concejo un proyecto integral y concertado que clarifique el SEP, defina la batería de instrumentos a aplicar en correspondencia con las decisiones de planeación y especifique cómo y dónde se utilizarán esos recursos para beneficio de una mayor oferta de EP en calidad y cantidad.