A mediados del próximo año se cumplirá una década del inicio del Macroproyecto San José en el centro expandido de Manizales. La Resolución 1.453 del 29 de julio de 2009 del MAVDT se propuso culminar las obras previstas en el año 2019, a excepción del Parque Olivares que se planeó para el 2021. El proyecto incluía la construcción de todo el sistema vial de la comuna San José, diferentes tipos de equipamientos como colegios y centros de salud, espacios públicos, plazas, parques y 3.500 viviendas para los habitantes localizados en condiciones más vulnerables, dentro de las cuales deberían destinarse no menos de 2.500 unidades a Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Era un proyecto que sacaría del abandono histórico y la pobreza a más de 20 mil personas que habitaban este territorio.
La Alcaldía de Manizales y el hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, defendieron durante muchos años que este Macroproyecto era un modelo de renovación urbana para el país y el mundo. No sé si ese optimismo aún se sostiene; lo cierto del caso es que a la fecha, podríamos decir que sí es un ejemplo mundial, pero de gentrificación social y productiva, despojo de la propiedad, derroche e ineficiencia de los recursos públicos, pésima gestión urbana y una violación sistemática de los derechos humanos de estas comunidades.
Desde 2009 hasta 2016 el proyecto contó con 8 resoluciones de aprobación y ajustes, una por año. Por la oficina de la ERUM han pasado 13 gerentes, algunos de los cuales han renunciado por problemas de salud y uno falleció recientemente en ejercicio de sus funciones. Los primeros cambios de fondo del Macroproyecto se hicieron un año después de iniciada la operación urbana con la autorización para la reubicación inmediata de 360 familias provenientes de las zonas de riesgo de la ladera norte de la Comuna San José hacia el barrio San Sebastián en la periferia de la Comuna Ciudadela Norte. Esta medida significó el inicio de la desestructuración del proyecto y la traición a unas familias que les habían prometido solucionar su problemática de vivienda dentro de la Comuna.
En el año 2015 se entregaron los primeros 24 apartamentos, después de que su construcción ocasionara la primera tragedia por la desestabilización de los suelos que obligó a sobrecostos para el tratamiento de las laderas afectadas. Y a mediados de este año, luego de innumerables incumplimientos y conflictos con las empresas constructoras se entregaron 108 apartamentos más. Los resultados actuales equivalen a menos del 5% de las viviendas previstas, con el agravante de que las inversiones han sido de 40 mil millones de pesos en la construcción de edificios, platica que alcanzará para lograr 320 viviendas en total.
Lo único que marchó exitosamente fue la compra o expropiación de predios convirtiendo al municipio en el mayor “lotifundista” de la ciudad, porque ni siquiera la construcción definitiva de la Avenida Marcelino Palacio se ha logrado, un proyecto que arrancó sin tener los diseños definitivos del trazado vial.
El Macroproyecto San José es un gran macrodesastre como lo advertimos desde sus inicios. Los diferentes foros académicos y sociales realizados a lo largo de estos años clamaron por la reformulación del Macroproyecto, sin que ninguna de las administraciones municipales abriera el diálogo sincero para corregir el rumbo. La Contraloría municipal no ha logrado resultados sobre los 27 hallazgos con implicaciones disciplinares, fiscales y penales que detectó en el año 2011 y los que se siguieron presentando. Hoy solo queda desolación en la comuna. Son alrededor de 6 mil personas expulsadas de sus viviendas y tal vez unas 500 han recibido sus apartamentos en el barrio La Avanzada.
Lo que más llama la atención es la indiferencia ciudadana frente a semejante tragedia social. Equivale a expulsar de sus viviendas a todos los habitantes urbanos del municipio de Palestina. Los habitantes de la Comuna San José requieren justicia socio-espacial con la reformulación del Macroproyecto.