Diosanith Abril Rodríguez, un exintegrante de la guerrilla desmovilizada de las Farc, fue asesinado el pasado 3 de octubre en el municipio de Convención, Norte de Santander. Con esta muerte ya son tres los exguerrilleros que han perdido la vida en medio de ataques armados, en la región del Catatumbo, durante este año, según lo informó el periódico El Tiempo. ¿Qué está pasando? 
A la pregunta, ¿cuántos desmovilizados de las Farc han asesinado después de la firma de la paz?, las entidades que tienen que ver con el posconflicto han respondido “por competencia debería responder la oficina de posconflicto”, de la oficina del posconflicto dicen que las cifras las tienen en la agencia para la Reincorporación y la Normalización y así. Sorprende que tengan números y cuadros para todo, pero no tengan las de la cifra de desmovilizados asesinados. Lo cierto es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya lo había dicho en días pasados, en una de las anotaciones del cuarto informe sobre la implementación del acuerdo de paz, “…entre el 21 de julio y el 26 de septiembre de 2018 nueve exguerrilleros fueron asesinados, con lo que el número de asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz llega a 71”.
Según un reporte de avances de la Fiscalía (2017- 2018), los desmovilizados asesinados de las Farc, ya suman 83 (cifras con corte al 2 de noviembre de este año). El ente acusador reportó en ese mismo informe que por esos hechos hay 19 personas capturadas. 
Hasta ahora lo que es evidente es que ni cuadran las cifras de asesinatos entre entidades, ni cuadra por ningún lado el posconflicto. Cómo no perder la fe tras los incumplimientos y la falta de ejecución por parte del Gobierno en esta fase de implementación, con el robo de los dineros del posconflicto en cabeza de Marlon Marín Marín, con las discrepancias entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía, con la falta de claridad sobre los bienes que las Farc, con el caso Santrich aún por definir, con la ausencia de Iván Márquez y del el “Paisa”, con la falta de recursos para cumplir con los 129 billones a 15 años que cuesta el Posconflicto y con el total olvido a las víctimas que dejó el conflicto con esta guerrilla.
Un posconflicto que además de todo lo anterior, no tiene una sola institucionalidad sino que es transversal a casi todas las entidades del Estado como la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la cooperación internacional, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, entre otras y para enredar más la pita en todas esas oficinas los funcionarios públicos y cooperantes se refieren a ellas con siglas como ACR, APC, ADR ... Hasta el propio alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila (que votó por el Sí en el plebiscito de la paz), aseguró hace poco, en una entrevista para la revista Semana que la implementación tiene un número importante de frentes. Al mismo tiempo que dijo que ninguna de las reformas constitucionales que ha presentado el presidente, Iván Duque, toca una sola coma de lo pactado y aseguró que “se va a cumplir el acuerdo con las Farc”. No entendí a qué posconflicto se refería el alto consejero si el barco se le está hundiendo, si hay cosas inmediatas y urgentes por resolver como que los están matando, como que se vencen los términos de los apoyos económicos a desmovilizados y que nada que arrancan en forma los proyectos productivos. Si como dice un editorial del Espectador del pasado 24 de septiembre “El rearme de algunos desmovilizados de las Farc es un fracaso, no solo del Acuerdo de Paz, sino de la sociedad colombiana en general (incluyendo al Gobierno actual)”, ¿cómo se lee que a los desmovilizados los estén asesinando y que para la Fiscalía la cifra ya llegue a 83?