La constante histórica es afirmar que el Estado es mal administrador, que las obras se ejecutan con retrasos y sobrecostos, que los recursos disponibles para atender necesidades básicas de las comunidades se los reparten entre autoridades, contratistas y políticos y que esas circunstancias son las culpables del retraso en el desarrollo de las comunidades. Pero lo peor es que todo eso es cierto. Unos pocos ejemplos lo demuestran: La flamante autopista del café se contrató para ejecutarse en 27 meses y apenas se dio al servicio, incompleta, a los ¡14 años!; la vía entre Calarcá e Ibagué, incluido el Túnel de la Línea, se le adjudicó a unos contratistas sin experiencia, a quienes, cuando apenas iba por el 30% la ejecución de la obra, ya se les había entregado el 98% del valor del contrato y estaban pidiendo más y más reajustes; y el acueducto de Yopal se ha tragado cualquier cantidad de plata de regalías y sus habitantes se tienen que bañar, como los caballos, con agua tirada, porque por las llaves no salen sino promesas de los mismos “ñoños”, cada cuatro años, en vísperas de elecciones.
Pero como “la esperanza es lo último que se pierde”, ha surgido una idea del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, que en teoría resulta muy atractiva. Se trata de que los grandes contribuyentes paguen sus impuestos con obras, que ellos mismos propongan, tales como vías, escuelas, puestos de salud, atención a la infancia y la vejez y otros, para que sean avaladas en su utilidad y costos por Planeación Nacional y una vez terminadas entregadas al ente que corresponda: Invías, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Bienestar Familiar, etcétera, cuyo recibido a satisfacción con el respectivo costo servirá para pagarle a la DIAN los impuestos. Si el contribuyente no tiene un proyecto, en Planeación Nacional habrá un banco de proyectos, para que escoja el que se ajuste a su presupuesto y a la necesidad que quiera cubrir.
Ese plan tiene varios beneficios, así: Se ejecutan las obras donde están las necesidades, identificadas con criterio social, sin manipulación política. Se racionalizan los costos. Se garantiza el buen manejo de las inversiones. Se descarta la intervención de funcionarios y contratistas corruptos. Se irrigan las obras por todo el país, al gusto y experiencia del contribuyente, conocedor cercano de las prioridades. Se garantiza el buen uso de los impuestos, cuyo despilfarro es una queja generalizada y un pretexto para la evasión. Y se minimiza el tráfico de influencias, que tiene un costo incalculable. Ahí tiene el Estado una oportunidad para poner en práctica una alianza público-privada de gran utilidad.
* El libro Las trochas de la memoria puede adquirirse en la librería Ágora (Palermo) teléfono 8876533 o solicitarse al 3108391277.