El revolcón que necesitan las sociedades, si quieren mejorar y alcanzar niveles justos de equilibrio social, económico y cultural, para conquistar la tranquilidad y un desarrollo sostenible a largo plazo, será imposible de conseguir mientras se alimenten privilegios de pequeños grupos que parecen inspirados en monarquías y feudalismos; así sean de reciente origen, merced al poder económico y político de arribistas, alcanzado con métodos inconfesables. El sistema que rige en las democracias actuales, con muy pocas excepciones, se presta para que los “vivos” se queden con la mayor parte de los presupuestos oficiales y del Producto Interno Bruto de los países, dejando que caigan apenas migajas para la mayor parte de la población, como de la bíblica mesa de Epulón. Esta injusta situación la aprovechan los movimientos políticos populistas para ganar espacios en la administración pública, en los cuerpos colegiados y en la justicia, lo que constituye una bomba de tiempo que más temprano que tarde va a explotar. Veamos algunos ejemplos. Cuando el salario mínimo legal, que es el ingreso de una inmensa mayoría de la población, no llega a un millón de pesos mensuales (US $330), una sola familia, que componen cuatro personas, percibe más de cien millones (US $33.000) del erario, por la pensión de una viuda y los sueldos de dos parlamentarios y un diplomático, que tienen todo el sudor adentro, porque el “esfuerzo” que han hecho no es más que estirar las manos y recibir, gracias a un sistema que favorece a castas con beneficios hereditarios. Igual sucede con los políticos que se pensionan, después de un extenso período de “servicios” a la nación, pero les endosan los votos a parientes cercanos para que se hagan elegir en cualquier cargo y los privilegios económicos queden en casa; y aumentados. Pero cuando se habla de incrementar el salario mínimo legal, los teóricos de la macroeconomía abogan para que se mantenga bajo, por los efectos inflacionarios que puede tener.
Otra cosa son los descuentos que se hacen a las nóminas, para cubrir servicios de salud y pensión, que tienen un porcentaje igual para todos los salarios y pensiones. Y cuando se pide que los más bajos, hasta determinado tope, tengan una afectación menor, los parlamentarios responsables de aprobar la ley respectiva condicionan su voto a que el beneficio sea para todos, lo que le abriría un boquete inmenso a las finanzas públicas, que el gobierno no puede aceptar; y si lo hace es irresponsable. Al acecho de sacar provecho electoral de esta situación están los aspirantes a cargos de elección, echándole el agua sucia al ejecutivo, que tiene el sol a la espalda y ya fue suficientemente exprimido. “Muerta la perra, acabada la chanda”, dicen cínicamente los politiqueros.