La burocracia oficial se ha caracterizado por la ineficiencia; que se toma como un hecho y sirve para darles tema a los caricaturistas que, como dice el vulgo, “no dejan caer ni una”. Un personaje del siglo XX, miembro de una de esas familias de intelectuales y políticos que jamás abandonan las nóminas oficiales, fue nombrado en un alto cargo. Un amigo suyo que fue a visitarlo, y vio el escritorio limpio de papeles y documentos, le comentó: -Veo que no tienes mucho trabajo. A lo que contestó cínicamente el “servidor público”: -¿Y te parece poco el trabajo que me costó conseguir el puesto? Y el poeta León de Greiff fue nombrado por un ministro de Educación amigo suyo como director de Educación Secundaria. Alguna vez pasó el alto funcionario por su oficina y lo encontró recostado en la silla, con la boína sobre los ojos, fumando pipa y con los pies sobre el escritorio. -¿Qué es eso, maestro?, le preguntó. A lo que contestó el poeta, mientras bajaba perezosamente los pies del escritorio: -Es que aquí, ministro, la educación es secundaria.
Esos casos, como chistes, se toleran. Pero cuando la ineficiencia de la administración pública trasciende los límites de la anécdota y afecta en materia grave a la comunidad, hay que mirarla de otra manera. Por ejemplo: Los funcionarios de manejo, “ordenadores del gasto”, que ejecutan recursos presupuestales destinados a cubrir necesidades de la comunidad, están obligados a identificar prioridades, estudiar propuestas, analizar proyectos, adjudicar contratos, supervisar el cumplimiento de los mismos y entregar las obras a satisfacción. Si no lo hacen, incurren en prevaricato por omisión.
Ha sido una constante histórica que recursos del Estado se invierten en “elefantes blancos” (obras innecesarias o mal hechas, que a la postre resultan inoficiosas); se incurre en sobrecostos sospechosos de corrupción; se altera el orden de prioridades (hacer un polideportivo en una población que no tiene acueducto); o se deja la plata en caja y no se hace nada. Cualquiera de esas figuras es falta grave.
Ha sido difícil para el gobierno central disponer acertadamente de los recursos de regalías. Antes, estaban concentradas en las regiones donde se explotaban recursos mineros o de hidrocarburos, lo que generó casos aberrantes de malos manejos e inversiones absurdas. Después, se dispuso irrigar esos beneficios por todo el país, teniendo en cuenta que los recursos del subsuelo son patrimonio de la nación, pero sujeta la adjudicación a que departamentos y municipios presentaran proyectos, que debían ser avalados por Planeación Nacional. Acertada medida. Pero el fantasma de la ineficiencia apareció y se da el caso de un departamento donde se dejaron de utilizar recursos por 100 mil millones de pesos, por falta de proyectos. Y es apenas un caso, entre muchos.