Me he puesto a comparar el proyecto de “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales” con la ley habilitante de Chávez en 2010 para la reforma agraria, y la sorpresa fue alta por las muchas similitudes y coincidencias. Y ya conocemos sus resultados: siete millones de hectáreas expropiadas, hato reducido a la mitad, economía rural colapsada y hambruna en un país inmensamente rico.
Es la última liebre que salta del Acuerdo con las Farc, pero vendrán otras que amenacen la propiedad accionaria de la industria y el sector financiero –ya la mecha está prendida–, sin pasar por los debates de mentirillas vía fast track en el Congreso, sino por Decreto Ley con base en facultades extraordinarias –habilitantes–. ¿Otra coincidencia?
Lo habíamos advertido. Desde el comienzo, y a un alto costo de persecución mediática e institucional, Fedegán planteó válidas inquietudes sobre el tema de la tierra en la Reforma Rural Integral, pues conocíamos en carne propia la concepción fariana de reforma agraria. Ante ellas, el jefe negociador y hoy precandidato De la Calle, afirmó que se garantizaría el derecho a la propiedad privada y, sobre todo, que en lo acordado sobre tierras no había nada nuevo, pues todo estaba en la Constitución y en la Ley.
Contábamos con ese nivel de incertidumbre, que ya era muy alto, porque a la hora de responder a la exigencia de un mínimo de tres millones de hectáreas para el Fondo Gratuito de Tierras, y frente al fracaso de la extinción de dominio a narcotraficantes y a la pésima administración de sus baldíos, el Gobierno echaría mano –nunca lo he dudado– de la expropiación administrativa y la extinción por razones ambientales.
Por ello no nos extrañó que apareciera este cuerpo legislativo de ¡166 artículos! que, entre otras, deroga la Ley 160 de 1994. ¿No que no había nada nuevo? Y así, en paquete y construido en la trastienda con las Farc, como el Acuerdo Final, el proyecto está siendo “socializado” por el Ministerio de Agricultura, a sabiendas de que los aportes de la sociedad civil tampoco podrán incluirse si contrarían lo acordado con esa narcoguerrilla.
La sola existencia del proyecto evidencia “las ganas” de las Farc en su propósito de control territorial, con el inconcebible apoyo del Gobierno. Hay en la Reforma Rural Integral ¡14 Programas Nacionales! para recuperar el campo, en temas concretos como vivienda, educación, salud, vías, comercialización, etc., pero al Gobierno solo se le ocurre reglamentar con urgencia el “Ordenamiento Social de la Propiedad”.
Desde la definición de principios se respira esa intencionalidad. Sabemos que el interés general prima sobre el particular, pero es marcado el énfasis en que “será legítima la aplicación de medidas, incluso sobre la propiedad de la tierra, tendientes a garantizar el cumplimiento de este principio”.
El proyecto proclama una “transformación estructural de la realidad rural del país” y crea una Agencia Nacional de Tierras con poderes omnímodos y jurisdiccionales para expropiar. En fin, constituye una modificación sustancial de los conceptos y estructuras sobre la propiedad de la tierra y, por tanto, no puede ser apenas “socializado”, sino que amerita un amplio debate nacional.
No estamos en contra del derecho de un campesino a la tierra, pero quisiéramos ver al mismo tiempo la reglamentación y los recursos de los 14 Planes Nacionales. Lo uno sin lo otro es la perpetuación de la pobreza campesina, y un camino hacia el asalto a la propiedad rural.
Fedegán nació hace 64 años para defender el derecho a la legítima propiedad privada de la tierra, y lo seguirá haciendo.