Desde hace más de 10 siglos las universidades han sido centros de enseñanza de primer orden. Antiguamente no había que realizar estudios previos y con el solo deseo, capacidades y oportunidades ofrecidas por las instituciones establecidas, se iniciaban y se terminaban los ciclos, si era que existían, hasta lograr prepararse para ejercer un oficio. 
Después se volvieron complejas, hasta lograr lo existente actualmente en donde al menos tres áreas se destacan: docencia, investigación y proyección universitaria, muchas veces sin el equilibrio deseado y necesario, con logros muy disímiles y a veces preocupantes.
Las universidades eran muy especializadas en temas específicos, pero la modernidad las ha impulsado a abrir sus escuelas con sus aulas, laboratorios, institutos, museos, bibliotecas, centros de comunicación, el arte en todas sus expresiones, hospitales y otros centros de prácticas, unidades editoriales, centros de investigación, programas de participación en el desarrollo social, talleres de toda connotación, y la lista sigue.
Por ello una universidad cerrada es la negación de sí misma. Es obligatorio para las autoridades, profesores, estudiantes y para la misma sociedad mantener abiertas a estas instituciones.
¿Cómo lograrlo? Se llega a ello estando siempre adelante de las dificultades, que de todas maneras existirán, prestándoles la atención suficiente para solucionarlas en debida forma. Pero los universitarios deben entender que en el devenir diario de la vida institucional hay problemas que pueden solucionarse desde adentro, utilizando la autonomía, y otros que se deben a decisiones superiores como en el Estado, en las entidades que dependen jurídica y financieramente de los mandatos y compromisos estatales.
Si se cierra la universidad, total o parcialmente, cada uno desde su papel universitario debe enfrentar el problema, buscando siempre el bien institucional y por este camino se les debe brindar los espacios, los tiempos y las condiciones para estudiar, investigar y proyectarse en bien de la sociedad.
En el país rige la Ley 30 de 1992, que reemplazó en buena hora al Decreto 080 de 1980. Indudablemente, la norma vigente necesita una revisión y modificaciones en varios aspectos. Sin embargo, no se puede comprometer a la universidad en vericuetos limitantes, ni ilusorias actividades administrativas, por lo tanto se debe reafirmar la autonomía y brindarle herramientas para ejercerla y financiarla adecuadamente. 
La universidad debe entender que la autonomía es un mandato constitucional y la entidad debe utilizarla en toda su dimensión, sin subyugar su potestad ante organismos externos que no están involucrados en su mantenimiento. Muy diferente son los acuerdos interinstitucionales que buscan en determinadas circunstancias aunar esfuerzos funcionales, sin comprometer y menos deponer la esencia institucional.
Uno de los factores que hacen que muchos estudiantes no quieran la universidad estatal para cursar sus estudios con la beca del actual gobierno, a pesar de las inmensas y excelentes cualidades que exhiben algunas de ellas, es la cuenta, a veces sin razón, de las semanas perdidas en los años de estudio. 
Toda esa libertad y fortaleza juvenil debe traducirse en buscar por los caminos que utilizan los ciudadanos que no creen en situaciones forzadas, aunque los movimientos poblacionales recientes han demostrado su efectividad para lograr, al menos en promesas, la solución a los problemas universitarios una vez en posesión de verdades, que no siempre se dan.  
Hay que analizar sin sesgos ni condicionamientos que los movimientos bien entendidos y adecuadamente desarrollados, sin menospreciar las razones de otros, tienen también un poder formador. Porque todo puede ser estudiado y luego hacer proposiciones enfáticas, sin que haya un trauma en el ejercicio académico, del cual también depende la sociedad en general.
Muchas decisiones que se adoptan en el país deben ser controvertidas e inclusive rechazadas con energía, en este aspecto los universitarios juegan un papel trascendental en la confrontación para lograr que se modifiquen o se eliminen los hechos perturbadores, sin ausentarse de las aulas. De ello hay varios y meritorios ejemplos.