Para nadie es un secreto que el comportamiento de los seres humanos ha evolucionado de manera radical, sobre todo si se compara entre el ayer, de al menos un siglo, y el hoy. Ahora se agregan a esa manera de estar de los individuos y sus comunidades en el planeta, actividades y hechos específicos como los sistemas de gobierno, las organizaciones, las delimitaciones geográficas e inclusive la manera de generar, desarrollar y mantener las guerras. 
De dominios absolutos, emperadores y reyes, se fue pasando paulatinamente a otras formas de dirigir los pueblos y sus intereses, imponiéndose la democracia real, con sus falencias, o la mentirosa con sus aparentes ventajas. Existen sistemas en donde el rey o la reina ejercen el poder bajo distintas normas constitucionales y los pueblos por tradición los aceptan y se complacen. 
Las distinciones entre Estado y gobierno son definidas y en los pueblos que las comprenden y respaldan, la vida civil se hace más tolerable. Vienen los dictadores y ellos por su voluntad confunden el Estado con su persona y los intereses que se derivan de la manera totalitaria de ejercerlo. Colombia, ha sufrido con la presencia de ellos en varios periodos, unos reconocidos y otros no. 
Sin embargo, la comunidad tiende a confundir Estado y gobierno a veces con la inducción y complacencia de los gobernantes y legisladores. La desorientación, en no pocas ocasiones, conduce a que la sociedad no exija que el Estado y gobierno estén perfectamente deslindados respetando las relaciones entre los dos conceptos y sus acciones efectivas. Lo contrario conduce a comportamientos inadecuados.
El Estado se expresa a través de la Constitución, y el gobierno, las Cortes, los jueces y los legisladores la deben hacer cumplir sin atenuantes.
En la actualidad no es aceptado pero es sufrido lo que significa la frase expresada en 1655 y atribuida, hay dudas, al rey Luis XIV de Francia: L´ État c´est moi, el Estado soy yo. Lo perverso es que muchos gobernantes creen que el Estado, no solamente a nivel nacional, son ellos.
Esto, a propósito del anuncio del gobierno, que indica que no van a existir nuevas cohortes de los estudiantes universitarios subvencionados con dineros del Estado para cursar todos sus estudios en donde quisieren, siempre y cuando la universidad esté acreditada como de alta calidad. 
Este es el mejor ejemplo de una acción de gobierno, variable según quien ejerza el poder. Los mandatos constitucionales no se pueden cambiar libremente, aunque varios han querido, por quienes ejerzan la autoridad, en cada época. Existen procesos específicos para modificarlos, a veces los ridiculizan o menosprecian con el consiguiente perjuicio en el tiempo. ¡Ahí están los ejemplos en el país! Los gobernantes debieran responder ante la sociedad por la supresión, continuación o inicio de acciones en beneficio o perjuicio de los habitantes de un determinado territorio. ¡El verbo responder se ha vuelto obsoleto!
El tema del programa, mal denominado ser pilo paga, destinado a los mejores bachilleres, conduce a uno de mayor envergadura y con más equidad que es la educación sin costo para todos los universitarios, excepto postgrados, de las instituciones estatales. 
La Constitución lo manda pero los gobernantes, los consejos Superiores y los rectores lo eluden, por expresar alguna cualificación. Indudablemente cuando las universidades han introducido en sus presupuestos los dineros provenientes de las matrículas, las discusiones y decisiones se tornan sensibles. A ello se agrega que en no pocas ocasiones las matrículas respaldan deudas.
Es obligación del Estado la financiación de sus universidades, pero estas tienen la exigencia de ubicar en términos concordantes sus presupuestos, estos no son bolsas inagotables e impredecibles. Es necesario repensar la universidad y definir qué universidad se quiere y para qué sociedad. Aquí las utopías no tienen cabida.
Las entidades universitarias necesitan para su conducción acertada, en todos los niveles, excelsos académicos y expertos funcionarios, lo cual es un importante complemento, para que entiendan y ejecuten la cosa pública con envidiables resultados.