Sin duda el Estado colombiano es el responsable de la educación en todos sus niveles ya sea como el ejecutor de las labores a través de sus entidades o lo permita mediante otras instituciones. Afortunadamente, se reserva el derecho de la vigilancia y control que no ha sido todo lo deseable que debiera ser.
El derecho a la educación está respaldado por la Constitución, a pesar de la restricción para ingresar a las universidades por cuenta de los costos. ¡Los ejemplos abundan! El acuerdo al que llegaron el gobierno nacional, a través del Presidente de la República, y los representantes de los estudiantes y profesores de las universidades estatales con respecto a los mayores aportes financieros de la Nación para este y los próximos tres años con destino al mal definido concepto de universidades públicas, debe ser analizado con cautela. Editorialistas y columnistas se han referido en extenso a lo logrado que como siempre dentro del campo del folclorismo se le ha denominado histórico. ¡El tiempo dirá!
La Ley 30 de 1992 asignó cifras que constituían la base de la liquidación de los presupuestos para las universidades del Estado. Aparentemente eran valores que sustentaban buenos y nuevos aportes pero los años demostraron que fueron insuficientes. Ahora se impone sin dilación, una modificación a ella.
Uno de los logros de esta ley fue la refrendación de la autonomía administrativa de las universidades para lograr sus fines, lo que permitía por las universidades, un manejo responsable y rápido de las finanzas.
Lamentable, que hayan transcurrido más de dos meses en cese de actividades académicas en las universidades estatales debido a que estudiantes y profesores emprendieron un movimiento solidario nacional. No se debió llegar a esta encrucijada para lograr los nuevos beneficios apelando a la injusta costumbre colombiana, y de otros lares, del paro, a pesar de la distracción con el epíteto de anormalidad académica. Fueron infructuosos los pedidos previos y reiterados de las instituciones para obtener un mayor presupuesto.
La defensa de las universidades estatales no se hace cerrándolas, sin eufemismos. Es un contrasentido, con el consiguiente menoscabo de su misión y visión. Lo perdido no se recupera nunca, ese es un hecho irrebatible a pesar de los argumentos compensadores que se aleguen.
Los aportes anunciados con destino a las instituciones de educación superior, en cuantía que oscila entre 4,5 y 6,0 billones de pesos, llegarán antes de finalizar el actual gobierno. ¿Qué pasará luego? Ahora bien: ¿Cómo será la repartición entre las instituciones beneficiadas?
Si se cumple con lo ofrecido, en un momento crítico para las finanzas de la Nación, se obtendrán unos dineros que ayudarán al funcionamiento e inversión de las universidades. No todo depende del gobierno nacional como son los dineros de las regalías que atienden a proyectos estructurados por las entidades universitarias, los cuales deben ser sometidos al análisis y aprobación de los departamentos. Figura que hoy existe.
Las cifras absolutas no son verdaderas por cuanto varias de ellas han sido definidas con base en el índice de Precios al Consumidor, IPC, pero debido a que este cambia cada año, hacia arriba o abajo y el gobierno para favorecer a todos los colombianos gestiona económicamente menores precios como sucederá este año.
Ahora le corresponde a las universidades definir a través de los Consejos Superiores una ruta para su institución. A pesar de lo que se crea y comunique hay universidades que no definen exactamente su rumbo y ello se convierte en una caja de sorpresas y se transita al devenir diario de acontecimientos. Los Consejos con representación del gobierno y la sociedad tienen la función indelegable de construir presupuestos técnicos y ejercer la vigilancia y control, la cual se olvida con facilidad.
Se ha pedido rigurosidad en los gastos de las universidades y ello es indispensable. Los dineros de funcionamiento sirven para pagar servicios personales, que pueden alcanzar hasta el 70% de ese rubro. Por lo tanto se debe ser estricto en los resultados verdaderos que presenten los docentes, el personal administrativo y el desarrollo de los programas que conducen a tener egresados con formación integral excelsa. ¡Cuidado con: Las lesivas plantas paralelas, los dineros sin ingresar al presupuesto y la falta de producción de calidad!.