El 21 de diciembre pasado, la trasnacional Odebrecht le confesó a la justicia de Estados Unidos el pago de sobornos por 778 millones de dólares en doce países, incluidos once millones en Colombia. Al otro día, en la que puede ser la más rápida reacción de un fiscal en la historia, Néstor Humberto Martínez Neira decidió investigar a Navelena SAS, empresa perteneciente al Grupo Odebrecht en el 87 por ciento. Y el 5 de enero de 2017, ¡en una decisión exprés, en solo once días hábiles!, Martínez Neira dijo que “la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en Odebrecht”, afirmación que repitieron todos los medios y que pudo llevar a que nadie más pusiera sus ojos en ese negocio.
Los siguientes son algunos de los elefantes que no vio el fiscal Martínez, con sus 30 mil funcionarios, pero que sí vimos otros: en diciembre de 2015, en un trámite plagado de irregularidades, el Banco Agrario le prestó a Navelena Odebrecht 120 mil millones de pesos. Para el 5 de enero, el día de la extraña absolución del Fiscal, dicha deuda ya se encontraba en mora y en peligro de no ser cancelada. El 28 de diciembre de 2016 la Contraloría advirtió que el cambio de los materiales en el proyecto del río Magdalena “pone en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras”. Hay dudas sobre por qué se retiraron las otras empresas que competían. Y Otto Bula se menciona en una sospechosa prima de éxito de cuatro mil millones de pesos en este negocio.
Para hacer peor su muy extraña decisión de darle una absolución política a Navelena en pleno escándalo de corrupción de Odebrecht -y digo que política porque en once días difícilmente puede ser legal-, el Fiscal actuó mal por otras dos razones: su bufete, Martínez Neira Abogados, es “asesor legal e institucional” de Navelena Odebrecht. Y Corficolombiana y Fiduoccidente son partes clave en este negocio, firmas del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo principal abogado es Martínez Neira. Tan fuertes son sus vínculos económicos y personales, que en solo cinco momentos Martínez le asesoró negocios por 3.567 millones de dólares, al igual que asesoró a Sarmiento y a Odebrecht, porque son socios, en el contrato de estabilidad jurídica de la Concesionaria Ruta del Sol 2, la beneficiaria del soborno de los once millones de dólares.
Lamentable, para él, la respuesta del Fiscal Martínez a mis denuncias en su contra en la Procuraduría y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Porque con rabulerías no se puede tapar que fue la Vicepresidencia Jurídica del Banco Agrario la que me informó dos veces que Martínez Neira Abogados es asesor de Navelena Odebrecht, verdad que en un caso aportó la propia Corficolombiana, tan cercana a sus afectos y negocios.
En otro país que no estuviera tan descompuesto y con tantos poderes económicos y políticos interesados en que triunfe el tapen-tapen en el caso Odebrecht, el fiscal Martínez Neira ya habría tenido que renunciar a su cargo o por lo menos declararse impedido, cediéndole a otro servidor público la función que él se empecina en asumir. Porque por razones éticas y legales los funcionarios no pueden actuar -acusando o defendiendo- si se dan cierto tipo de relaciones entre ellos y los interesados, como ocurre en este caso.
Para completar tantas desvergüenzas, el gobierno, a través de la ANI, acaba de acordar con la Concesionaria Ruta del Sol 2 dar por terminado el contrato, como si no tuviera origen en los sobornos confesados por Odebrecht, y pagar a los socios 700 mil millones de pesos, repartidos así: 441 mil millones a Odebrecht -¡sí, a Odebrecht!-, 235 mil millones a Episol, brazo de Corficolombiana y el Grupo Aval, y 36 mil millones a los Solarte. Según la revista Dinero, el pago no será inmediato porque consideran que “no estaría bien visto”. Y quien haya seguido las noticias sabrá que las filtraciones del proceso legal ya no tratan a Otto Bula como un sobornador, sino como alguien que, simplemente, trajo una plata del exterior para una campaña electoral y que las mayorías del Consejo Nacional Electoral, en acuerdo entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, inhabilitaron para actuar sobre las financiaciones de las elecciones presidenciales a Armando Novoa, el único consejero que no milita en esas fuerzas. ¡Al consejero independiente lo sacan del asunto ¡¡¡y el Fiscal sigue tan campante!!!