1. El gobierno nacional tuvo que rescatar, a un costo de 495 mil millones de pesos para el erario, a 117 municipios que no pudieron pagar los 440 mil millones que les prestaron con los llamados Bonos Carrasquilla. Y se reventaron porque les impusieron la muy alta tasa de interés real, además de la inflación, de entre el 11 y el 17 por ciento, porcentajes de usureros que se agigantan al saberse que el riesgo del prestamista era igual a cero, dado que las deudas las pagaba el Estado colombiano.
2. De lo peor de estos préstamos es que no estuvieron condicionados a serios estudios previos, por lo que terminó pasando lo obvio: un porcentaje enorme de los acueductos y alcantarillados fracasaron, en todo o en parte, por el desgreño administrativo y la corrupción, con lo que esos municipios no disfrutan de las obras que están pagando ni tienen con qué hacerlas. Fue tal la saña contra ellos, que la deuda se pactó a 19 años y sin poderse modificar el plazo ni pagarse de forma anticipada (https://bit.ly/2MxONCW).
3. Que los llamados Bonos del Agua -así nombraron el préstamo utilizado- se terminaran llamando Bonos Carrasquilla no fue por error, sino porque este negocio leonino lo ideó, estructuró y promovió Alberto Carrasquilla, quien además intermedió la plata extranjera que le dio vida. Hay que ignorar mucho o ser muy alcahuete para negar que Carrasquilla fue autor intelectual de la gran tumbada que les dieron a estos municipios.
4. Además de ganarse una cifra de seguro importante por estructurar y desarrollar el negocio -plata que salió del tres por ciento o más de la tasa de interés que pagaron los municipios por la intermediación: 70 mil o más millones de pesos en cinco años-, Carrasquilla ganó por otros lados. Navemby, firma suya y de sus socios, Andrés Flórez y Lía Hennan, radicada en Panamá, sirvió de intermediaria para traer de Nueva York la plata del Grupo Financiero de Infraestructura (GFI) con la que se montó este gran negocio. Y Andrés Flórez fue el Fideicomitente en nombre del GFI, quien en su representación acordó con Alianza Fiduciaria los términos del negocio de los bonos, servicio por el que cobró, por supuesto, como cobraron por el de intermediar el capital extranjero que el colombiano Cristian Mürrle ayudó a enviar al país. Ya Carrasquilla reconoció que sí trajo esa plata a Colombia. Pero lo que no ha dicho es por qué le dieron la vuelta por Panamá, cuando era innecesario, ni cómo regresaron el capital y las ganancias a Nueva York, si es que lo hicieron, y si pagaron los impuestos de ley.
5. Daniel Coronell demostró que si el nombre de Alberto Carrasquilla apareció en los Papeles de Panamá -en el bufete del conocido tramposo Mossak Fonseca-, no fue por las razones inocentes que dio para engañar. Coronell publicó una carta de Andrés Flórez a Mossak Fonseca en la que este, asustado, le informa que el banco BBVA del Perú se negaba a hacer un negocio con la empresa de ellos, Konfigura Capital, porque aparecía vinculada con un alcalde famoso por corrupto en ese país, hecho que también llevó a que se supiera que Carrasquilla había mentido sobre las composiciones accionarias de Konfigura y Nabemby (https://bit.ly/2oVRdC4).
6. Carrasquilla pudo montar el negocio de los bonos porque, cuando fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe, promovió una modificación de la Constitución -que indujo a un cambio posterior en la ley- sin la cual este negocio no habría podido realizarse y para el que creó las firmas mencionadas. ¡La repugnante puerta giratoria por la que pasan de los negocios públicos a los privados y viceversa, siempre en beneficio de ellos y de sus compadres! Las autoridades deberán establecer la legalidad de estos actos, pero aun si lo fuesen, ello no les quita lo corruptos, incluso en los términos del Banco Mundial y la OCDE, que definen corrupción como aprovecharse del poder en beneficio personal o de terceros.
7. Si este escándalo que viene de atrás saltó a la palestra es porque Iván Duque, quien tiene más amigos tan neoliberales como Carrasquilla, tuvo el descaro de nombrarlo ministro y anda defendiéndolo, cuando es evidente que sus componendas contra 117 municipios pobres de Colombia son contrarias a la promesa duquista de que “el que la hace la paga”.