Como en todos los escándalos de corrupción en Colombia, en el de Odebrecht también hay una lucha entre quienes queremos toda la verdad y los poderes que promueven el tapen-tapen. Lo nuevo es que nunca se habían juntado tantos poderes, públicos y privados, con interés en sustituir la verdad total por los pedacitos de verdad que les sirvan a sus conveniencias, incluidas mentiras, así como el riesgo de que se pacten falacias a favor de todos ellos. Más escandalosa que la corrupción de Odebrecht en Colombia es la lista de los tocados por esta trasnacional: las presidencias de Santos y Uribe, los dos candidatos presidenciales de junio de 2014 y las fuerzas políticas que acaparan el noventa por ciento del Congreso y han controlado casi todo el poder político del país en los últimos 50 años.
También está untado, y mucho, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mayor banquero del país y el colombiano más rico, porque una empresa suya se benefició de dos sobornos por once millones de dólares en la Ruta del Sol II (Odebrecht-Corficolombiana). Porque el presidente de Odebrecht señaló que el primer soborno lo acordó con el jefe de Corficolombiana. Y porque dos de sus empresas son la banca de inversión y la fiduciaria de Navelena Odebrecht, las cuales promovieron un crédito ilegal para Navelena en el Banco Agrario, a fin de pagarle una deuda mala al Banco de Occidente, también de su propiedad.
Para colmo, el Fiscal que se supone debe esclarecer las mentiras completas, las verdades a medias y los engaños propios de estas corruptelas es Néstor Humberto Martínez Neira, el menos indicado para hacerlo, dados sus negocios con el Grupo Aval y Odebrecht y su empecinamiento en no declararse impedido. Está probado que Navelena Odebrecht y el Consorcio de la Ruta del Sol le pagaron cuatro asesorías, incluida una para darle apariencia de legalidad a la adjudicación a dedo de la vía Ocaña Gamarra, negocio en el que hubo soborno y que él, además, aprobó en el Conpes 3817 como “ministro de la Presidencia”, violando el Código Penal. Esta puede ser la primera vez en Colombia, ¿y en el mundo?, en que un Fiscal deba solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que lo juzgue por violar el Código Penal, como Martínez ya lo hizo por las mismas razones para las ex ministras Parody y Álvarez, a través de los fiscales delegados. Cabe el titular: “Colombia: investigan a Fiscal que investiga a Odebrecht”.
El Fiscal también está inhabilitado para investigar las platas de Odebrecht en las dos campañas presidenciales de Santos, en razón de que le debe a Santos su “Ministerio de la Presidencia”, como también la Fiscalía, y de que el Presidente, a su vez, le debe a Martínez Neira el haber sido el mayor recaudador de fondos para su campaña de 2014. Porque es un hombre de Vargas Lleras, también beneficiario de toda plata de Odebrecht a Santos 2014, y porque tampoco es idóneo para investigar la plata de Odebrecht a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, por el respaldo que le brinda el Centro Democrático a su Fiscalía.
Pero lo peor del Fiscal Martínez es su fariseísmo. Ha manipulado y engañado con propósitos turbios. Hizo trampa para esconder sus negocios con el Consorcio de la Ruta del Sol y Navelena. Engañó para descalificar mis pruebas en contra suya. Con mala fe manifiesta, ocultó a varias de sus empresas. Embaucó cuando dijo que me retracté de mis acusaciones en su contra. Y faltó a la verdad cuando habló de una real autonomía de los Fiscales delegados, contra los cuales además sacó una resolución para someterlos aún más a lo que se le antoje imponer en las investigaciones.
En los países serios, un Fiscal que llegue a este nivel de degradación tiene que renunciar. Porque la trampa tiene como objetivo ocultar actos peores y porque es nada menos que depositario de la fe pública, que está destruyendo. Llamo a todos los colombianos, en el sector público y el privado, en especial a quienes tienen la responsabilidad de dirigir el país, a no alcahuetear una situación que le está provocando un grave e irreparable daño al país.