El Consorcio de la Ruta del Sol 2 –Odebrecht y Corficolombiana GrupoAval– pagó sobornos en Colombia por cien mil millones de pesos, dice la Fiscalía, y, luego de año y medio de estallado el escándalo, no tiene ninguna sanción del Estado. ¡Ninguna! ¡Cero! Además reclama en un tribunal de arbitramento –en el que actúa de igual a igual con el gobierno, como si nada hubiera pasado– 3,61 billones de pesos, para repartirse así: 1,66 para el Consorcio, que invirtió apenas 300 mil millones de pesos, y 1,94 para los bancos que financiaron el negocio, con el 50 por ciento de esa suma para los del Grupo Aval (enlace 1). Y esto sucede porque el ministro de Hacienda logró en diciembre que el Congreso aprobara la Ley 1882 –¡y de aplicación retroactiva!–, para volver legal esta maroma inmoral e ilegal.
Ante semejante despropósito, con José Roberto Acosta, formalmente, les solicitamos al Contralor, al Procurador y al director de la ANI que invoquen la excepción de inconstitucionalidad para que no se aplique la Ley 1882 en este tribunal, porque un contrato conseguido con sobornos no puede generar derechos.
El caso Odebrecht marcha hacia la impunidad porque se decidió sancionar solo a los implicados de tercera categoría. Archívese, dijo el Consejo Electoral sobre Zuluaga y Santos 2010, a quien además no le decide por lo del 2014, como tampoco la Comisión de Acusaciones, que también le archivó. El archivo, contraevidente, de la Fiscalía a las exministras Parody y Álvarez favorece al Fiscal Martínez Neira porque, sobre el Conpes 3817, cometió la misma ilegalidad que ellas. Roberto Prieto, confeso protector de Santos, no está en la cárcel por la Ruta del Sol 2 sino por otro fraude, pero a la opinión pública la han llevado a pensar lo contrario. La Fiscalía de Martínez Neira, al no investigar al Grupo Aval y a sus propietarios, asume que Odebrecht los subsidió en este negocio en unos 30 mil millones de pesos, y que Melo, –presidente de Corficolombiana– sobornó por su cuenta, por lo que ni siquiera le revisa su correspondencia con sus jefes. Y tampoco pregunta por qué Iván Duque y el Súper Industria y Comercio coincidieron en la extraña teoría que llevó a impedir que la ANI sancionara con la caducidad del contrato al Consorcio de la Ruta del Sol 2, lo que condujo al tribunal de los 3,61 billones.
Por otro lado, la Fiscalía acaba de llamar a juicio al expresidente de Saludcoop, ocho años después de la condena de la Supersalud, siete de mi primer debate en el Senado y cinco de cuando la Contraloría condenó a la EPS a devolverle a la salud 1,4 billones de pesos. La Contraloría además le confirmó un hallazgo fiscal por 80 mil millones al interventor del gobierno en Saludcoop, decisiones tomadas sobre la tesis de que las EPS no pueden pasar a sus patrimonios la plata de las UPC so pretexto de que son inversiones en negocios relacionados con la salud, como edificios en Colombia o inversiones en el extranjero. Cómo contrastan estas actuaciones legales con la actitud del Ministerio de Salud, que nunca asumió ese punto de vista y hasta promovió que se declarara nula la sanción de los 1,4 millones a Saludcoop, plata que al final se perdió porque el santismo y el uribismo en el Congreso le aprobaron una ley que puso dicha deuda con el sistema de salud como quirografaria, es decir, en el último puesto de las acreencias de Saludcoop en liquidación.
Habrá que ver qué terminará pasando con el caso Saludcoop –parecido al de Odebrecht en la impunidad que lo ha rodeado–, proceso que si no se archivó en 2016, fue por el debate que hicimos en contra de los anuncios del Fiscal de ese momento.
Y han pasado de agache, con el compadrazgo de santistas y uribistas, las graves acusaciones del Procurador y el Contralor sobre la EPS Medimás, sindicaciones por las que no han dado la cara ni el ministro de Salud ni el Presidente de la República, ocultos en la ficción de que no fueron ellos los que decidieron sobre un negocio que mueve 3,8 billones de pesos de recursos públicos al año. ¿Puede alguien creer que la decisión política de un negocio de este calibre no la toman los jefes sino sus subalternos? (Enlace 2).
Coletilla: son de pésimas consecuencias para Colombia las primeras decisiones de Iván Duque. 1. La gira por el exterior para rendirles pleitesía a los poderes globales que definen, para mal, el rumbo del país. 2. El gabinete de descarado origen neoliberal y plutocrático. 3. La reconstitución, con uribistas y santistas, del Frente Nacional en el Congreso, movida que confirma lo mucho que ha tenido de farsa la pelea de perros y gatos entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional, más el notorio estilo santista en no pocos de los movimientos de Duque, es decir, calculado para engañar incautos y justificar volteretas.