Modificando este artículo que ya estaba redactado, expreso mi total repudio al acto terrorista en la escuela de Cadetes General Santander, mis condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas y mi solidaridad con la Policía Nacional. Y llamo a que este horror no exacerbe más la violencia verbal que tanto daña a Colombia.
De otra parte, perdida entre las noticias navideñas se supo que Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, tuvo que renunciar a su cargo porque se descubrió que había mentido sobre el análisis de la propia Medicina Legal de una toalla encontrada en la casa de Jorge Enrique Pizano, el auditor de la Ruta del Sol II que acabó de desenmascarar las componendas Odebrecht-Aval-Fiscal Martínez. Fue tal el descaro de Valdés, que dijo que habían encontrado sangre de Pizano, cuando sus peritos le habían certificado “negativo para sangre”, animal y humana (https://bit.ly/2BuPCsI).
Ante semejante tentativa de fraude, investigué el papel de Valdés sobre su deber de decirnos de qué había muerto Jorge Enrique Pizano, luego de que el hijo de este, Alejandro, muriera envenenado por el cianuro presente en una botella de agua que estaba en la oficina de su padre. Muerte natural, suicidio u homicidio era lo que tenía que establecerse en el caso de Jorge Enrique, interrogante que con razón conmocionó a los colombianos y a la prensa internacional. Mis conclusiones en detalle pueden verse en el siguiente enlace (https://bit.ly/2CvjC8l).
Jorge Enrique Pizano murió teniéndole miedo al Fiscal Martínez, a quien había denunciado por la corrupción de la Ruta del Sol II. Tanto, que le exigió a Noticias Uno que sus grabaciones del 2015 con Martínez solo se publicaran después de su muerte o tras haber logrado salir de Colombia. Luego la suerte política del Fiscal -ya muy desacreditado en ese momento- quedó atada a si Pizano, que “sabía demasiado”, había o no fallecido de muerte natural. Y entonces Valdés, puesto en ese cargo por Martínez, se puso al servicio, no de la verdad, sino de lo que le conviniera a su jefe.
La primera explicación de la muerte de Jorge Enrique Pizano la dio el patólogo del hospital de Facatativá, el cual, en la necropsia clínica concluyó que había fallecido por infarto agudo del miocardio. Pero tras el escándalo por envenenamiento de Alejandro Pizano, la propia Fiscalía le pidió a Medicina Legal que examinara las muestras biológicas que quedaron de dicha necropsia, conservadas en formol.
Desde ese día, Valdés se dedicó a insuflarnos la idea, como incontrovertible, de la muerte natural de Pizano, a pesar de que esa certeza era contraria al conocimiento científico. Porque si bien todos los análisis dieron negativo para cianuro, ellos tenían fallas que los invalidaban: no eran a partir de sangre ni de líquidos gástricos, las muestras óptimas para encontrar cianuro, y estas se habían conservado en formol, el cual, con rapidez, elimina el cianuro de toda muestra. Y esto lo certifican dos manuales de Medicina Legal, el PET (Procedimiento Estandarizado de Trabajo) y la Guía DG-M-25, la cual incluye, entre las “Muestras no aptas para análisis toxicológico”, la “Muestra en formol”. No es casual entonces que los patólogos hablen de “falsos negativos”, que ocurren cuando el resultado da negativo pero es falso, porque la muestra no sirve. Luego nadie puede afirmar, con total certeza, que Jorge Enrique Pizano murió por muerte natural y no por cianuro.
Las inconsistencias de las afirmaciones de Carlos Valdés y de su subdirectora, Claudia García Fino, se las reclamaron personalmente periodistas de Semana, al tiempo que les pidieron que se le explicaran estas verdades al país, a lo que ellos se negaron (https://bit.ly/2R438xt), días antes de la vulgar estafa en beneficio del Fiscal que Valdés intentó con la toalla. Que Procuraduría y Fiscalía investiguen formalmente.
Coletilla. Crece el rechazo a la falacia de que la venta de Medimás “es un negocio entre privados”, que pueden hacer lo que les dé las gana. Y atérrense con las características del comprador de Medimás (https://bit.ly/2SXjuWo).