La nueva vocación gastronómica de Manizales es un motor importante de nuestra economía y viene posicionando la ciudad como referente de diversidad y multiplicidad de oferta. Poco a poco hemos visto cómo algunos sectores han cambiado su dinámica y, gracias a ello, se hace tangible la recuperación de espacios que se encontraban a merced del hampa, la indigencia, el vicio y el deterioro físico. Barrios enteros que se encontraban sumidos en el abandono y cuyas fachadas, antejardines y terrazas de las casas deprimían el ambiente, hoy se convirtieron en sitios de interés turístico, comercial y dignos de mostrar.
Y si bien hay que reconocer que la transformación de terrazas y antejardines en su gran mayoría se ha hecho sin atender a unos parámetros claros, normativos o uniformes, también hay que decir que esos parámetros no existen en nuestra reglamentación vigente, generando un vacío enorme que ha provocado confusión, caos y riesgos económicos en los inversionistas. Inversionistas que, también hay que resaltar, son empresarios de buena fe cuyas actuaciones han sido abiertas, públicas y ante los ojos de todos los ciudadanos y de la propia administración. 
Se calcula que en los barrios La Estrella, Palermo, Milán, El Cable, Chipre, La Enea y La Sultana hay más de 700 terrazas y antejardines con uso comercial, lo que significa inversiones multimillonarias y movimientos financieros astronómicos que dinamizan nuestra economía y que terminaron por embellecer vastas zonas de la ciudad, además de volverlas más activas, seguras y generadoras de empleo y de calidad de vida. ¿Qué había antes en muchas de esas zonas? Matorrales peligrosos, escombros, basuras, roedores, malos olores y desechos tóxicos. Zonas que, por su carácter privado, no estaban cobijadas por las inversiones del Estado, pero por ser de uso público, carecían de valor real para sus propietarios. 
Ante este dilema, los inversionistas privados decidieron recuperar esos espacios y destinarlos para un uso efectivo, redundando igualmente en el beneficio colectivo al desaparecer esos focos de perdición, inseguridad, deterioro físico y abandono. Por ello, estas inversiones fueron miradas con beneplácito por la administración durante años, y existían unas autorizaciones tácitas para que se invirtiera en su recuperación y embellecimiento. 
Pero hoy nos enfrentamos a un problema que, de no solucionarlo rápido, podría traer consecuencias enormes para la ciudad: la carencia de regulación, reglamentación y normalización de estas áreas convirtieron en ilegal lo justo, y en ilícito lo que venía funcionando sin problema alguno. La administración municipal tiene unas razones jurídicas incontrovertibles que la obligan a proceder, y los comerciantes unas razones económicas, sociales y lógicas que los tienen en vilo. 
¿Qué hacer entonces? Es obvio que la solución no puede ser la de ordenar el levantamiento de cientos de terrazas y antejardines, porque generaría un problema económico y social de magnitudes incalculables. Tampoco lo es que se continúe dándole la espalda al problema para dilatarlo en el tiempo, pues en algún momento se le tiene que encontrar solución y, a más tiempo, mayor trauma. Y mucho menos optar por las vías de hecho, la violencia o la generación de caos, pues tanto los comerciantes son conscientes de que existe violación a la norma, como la Administración de que la situación comercial creada es de inmenso beneficio para la ciudad.
La solución entonces tiene que estar en la concertación. Ya los comerciantes se han reunido para solicitar un diálogo cordial con la administración, partiendo de la suspensión de los procesos judiciales y de policía en curso, y la administración ha manifestado su voluntad de encontrar caminos que permitan soluciones con los menores traumas. Con una gran ventaja: en esta oportunidad ambas partes están pensando en el mayor beneficio para la ciudad y no hay ánimos bélicos, violentos o desproporcionados; existe un espíritu de cordialidad que muy seguramente conducirá a soluciones prontas, y los comerciantes tienen estructuradas propuestas concretas que pueden servir de alternativa para encontrar una salida viable, legal y justa.
¿Qué piden los comerciantes? Regularización, normalización y legalización. ¿Qué pretende la Administración? Regularización, normalización y legalización. ¿Dónde está el problema entonces? En encontrar un camino justo que termine reglamentando el uso de los espacios, donde se plantee un período de transición que permita adecuar lo existente y controlar lo venidero; un justo medio que revista de legalidad lo actual y prevea el control a futuro. Bienvenida esa mesa de concertación y esperamos que aquellos irresponsables que utilizan las redes sociales como mecanismo incendiario y de disociación, esta vez se abstengan de hacerlo pues estamos seguros de que se parte de una voluntad mutua de solución donde predomina la razón sobre la violencia, y la justicia sobre los triunfos personales.