Todo parece indicar que el Aeropuerto del Café renació de sus cenizas. Después de ocho años de promesas incumplidas, exigencias absurdas que solo perseguían dilatar los procesos, y una evidente retaliación del Gobierno Santos cohonestada por nuestros propios coterráneos que estuvieron al mando del Ministerio de Transporte, en 50 días del nuevo mandato del presidente Duque, se despeja el horizonte del proyecto y nace una nueva esperanza.
Desde hace mucho tiempo veníamos insistiendo en que el aeropuerto había que arrebatárselo de las manos a nuestros grupos gremiales, quienes nunca han asumido su inmensa responsabilidad en su fracaso temporal. Por el contrario, se han dedicado a cubrirse con el mismo manto, aprovechándose del poder conseguido en los organismos de control y del desprestigio de una clase política a la que es muy fácil inculpar sin fundamentos, con la seguridad de caer en terreno abonado y germinar con la ayuda mediática.
Hoy el tiempo nos da la razón. Nuestros congresistas han hecho una labor memorable ubicando el aeropuerto en la agenda del Gobierno Nacional, y asegurando una partida de 100 mil millones de pesos dentro del presupuesto del año 2019. Es la inyección inicial que necesitábamos para revivir esta ilusión y darle nuevas alas a una obra que representa un aire definitivo a nuestro progreso y desarrollo. 
Y aún así encontramos inconformes y críticos que rechazan estos hechos. Porque les duele reconocer la notable participación del senador Carlos Felipe Mejía, del expresidente Uribe, del Centro Democrático, del senador Mario Castaño y el representante Óscar Tulio Lizcano, entre otros; o porque temen que al estar el sector político vinculado al proyecto, se pierda en un mar de incógnitas o corrupción; o porque se niegan a reconocerle el trabajo a la unión de congresistas caldenses con resultados tangibles; o porque ven que se alejan las posibilidades de seguirse lucrando de un proyecto del que abusaron sin compasión.
Estos últimos, son los privados que manejaron durante los primeros veinte años el proyecto a través de la Corporación Aeropuerto de Palestina, y quienes han pasado incólumes en las múltiples investigaciones que se han realizado por los organismos de control. Porque han sabido desviar la atención de esos organismos hacia actores irrelevantes, ocasionales, transitorios y fortuitos, alimentando odios, enardeciendo pasiones politiqueras o aprovechándose de sus influencias. 
No se entiende por qué esos organismos han vinculado a alcaldes, gobernadores, gerentes de institutos descentralizados, miembros de juntas directivas, secretarios de despacho y a una gran cantidad de personas que poco o nada tuvieron que ver con los procesos del aeropuerto, y no han vinculado a quienes controlaron el proyecto a través de la mencionada Corporación y efectuaron millonarios contratos con el PNUD, Comité de Cafeteros, Aeronáutica Civil y además vendieron los terrenos del antiguo aeropuerto de Santágueda y compraron los terrenos en Palestina donde se desarrolla la obra. Si los ojos de la justicia se posaran realmente en los responsables materiales de la debacle del aeropuerto y no en los responsables que los gremios han querido señalar, seguramente los resultados de las investigaciones serían otros y el proyecto no estaría rodeado de tanta desconfianza.
Pero bueno... eso es tema que seguramente tendremos que volver a abordar con mayor profundidad, pues nos acompañan las pruebas documentales ante las que infortunadamente se ha enceguecido nuestra justicia que, aupada por los verdaderos responsables, sigue empeñada en procesar chivos expiatorios. 
En buena hora nuestros políticos se unieron para revivir el aeropuerto; en buena hora demostraron que la unión de voluntades puede más que esas luchas intestinas que nos han hecho perder valiosas oportunidades; en buena hora se aclara el panorama de un proyecto que ha soportado las más duras pruebas y hoy por fin cuenta con todos los avales.

Solo nos queda esperar un manejo transparente que estamos seguros de que se va a dar, pues los actores políticos sí tienen la obligación de responder ante el pueblo por sus actos, a diferencia de los privados en cuyas manos fracasó el proyecto y hasta ahora no ha habido ninguno que responda.