Aunque en Manizales el problema de movilidad no es uno de los más significativos, sí se está convirtiendo en una amenaza latente que hay que atacar de una vez por todas. La invasión de buses y busetas en las carreras 18, 19, 20 y 21 en el centro de la ciudad, es una situación ante la cual las autoridades cierran sus ojos y el ciudadano sufre sin remedio. Es la máxima expresión de la indolencia, permisividad, connivencia y convivencia con la infracción permanente; es la mayor desmotivación que sufre el ciudadano que se ve impotente ante el dominio de un sector transportador que no parece tener límites, y ante unas autoridades que cínicamente aceptan la transgresión de los grandes transportadores, mientras levantan comparendos en retenes por causas nimias.
Y es solo un ejemplo de los males que nos aquejan. Porque en otros sectores, esos mismos buses y busetas dejan o recogen pasajeros en cualquier parte (aún en sitios expresamente prohibidos); los taxis invaden las calzadas con parqueos paralelos a la espera de ser llamados a prestar un servicio; las motos invaden andenes, zigzaguean entre los vehículos en las avenidas, exceden la velocidad y se convierten en máquinas de la muerte; y los particulares parquean en calles y avenidas concurridas originando el caos vehicular que afecta toda la ciudad.
Hay que reconocerle al actual secretario de Tránsito, Carlos Alberto Gaviria, su disposición, entrega, dedicación y buenas gestiones en la secretaría que ocupa; hay que admitir que día a día adopta medidas y toma correctivos para organizar el tránsito de la ciudad. Pero vemos que son insuficientes. Lo primero, porque a la par con el crecimiento de la ciudad debería crecer el personal encargado de controlar su movilidad, y no es así; y lo segundo, porque parece que los manizaleños estamos perdiendo el civismo que siempre nos ha caracterizado y nos estamos llenando de indiferencia hacia el derecho de los semejantes.
¿Qué hacer entonces? En los primeros días de esta administración le propuse al alcalde, Octavio Cardona, la implementación del “Patrullero Cívico”, propuesta que fue recibida con indiferencia y desechada sin ningún análisis. Hoy se lo vuelvo a proponer de manera pública: ¿Qué tal, señor alcalde, si reúne un grupo de ciudadanos con voluntad de colaborar, y organiza unas rutas de patrullaje que sean cubiertas por vehículos particulares, en los cuales viaje un guarda o policía investido de autoridad, que imponga comparendos a los infractores de las normas de tránsito? ¿No cree Usted que el factor sorpresa pueda ser un elemento de persuasión que termine por obligar al ciudadano a respetar la ley y su ciudad? ¿Un infractor que reciba la sanción de una autoridad que aparece de donde menos la espera, tendrá ánimos de reincidir? ¡Seguramente no!
Sé que es lastimoso tener que acudir a los extremos sancionatorios para que la ley se respete pero, ante la indolencia del ciudadano y lo reducido del personal encargado del control, esta sería una forma de multiplicar su operación y ampliar su cobertura. ¿Qué tal, por ejemplo, si a los infractores que se someten a hacer un curso para que les condonen el 50% de multa, se les ofrece la opción de compensar el curso con el patrullaje propuesto? Sería una forma de pagar con una especie de trabajo comunitario la infracción cometida. Y terminaríamos entregándole la opción al ciudadano para que pase de ser causa del problema a instrumento de la solución. 
El caos en la movilidad no lo ocasiona la ausencia de normas ni reglamentos. Lo ocasiona, además de la falta de civismo, la falta de autoridad que le da seguridad al ciudadano de que puede violar las normas sin ser castigado. Lo ocasiona la permisividad tácita de la Administración ante algunos infractores que, por su carácter de transportadores públicos, se arrogan la potestad de violar las normas ante los ojos de las autoridades. ¡Piense la propuesta, alcalde! Seguramente involucrando a la ciudadanía cívica en la administración podamos obtener rápidos resultados.