Para nadie es un secreto que el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, tiene unos estrechos vínculos con los transportadores del municipio. Tampoco lo es, que los únicos que se pueden perjudicar con la existencia y funcionamiento adecuado de sistemas alternativos de transporte, son esos mismos empresarios. Ni mucho menos, que los continuos escándalos que se han destapado en el Cable Aéreo de la ciudad, tienen desfigurado el sistema y cada día que pasa se cierne sobre él una nueva amenaza. Y no es oculto tampoco que todas las transformaciones que ha sufrido el Cable han sido en su propio detrimento como si quisieran deprimirlo, minimizarlo, desgastarlo y quebrarlo, haciéndolo perder su valor real para terminar seguramente ofreciéndolo a los privados, a precios irrisorios. ¿Esos privados no podrían ser los mismos transportadores que hoy lo tienen agobiado? ¡Tal vez!
Y como sé que los trinos altivos e injuriosos del Alcalde no se harán esperar, quisiera anticiparle algunas preguntas: ¿Por qué esta administración no ha gestionado el cobro de los miles de millones de pesos que tienen los transportadores en sus bolsillos, recaudados vía tarifa y no consignados al municipio? Si esos dineros son de todos los usuarios, y en tal sentido son públicos, y el Alcalde es consciente de ello, ¿no estará incurriendo en un posible delito al omitir las gestiones para su recuperación? Adicionalmente, ¿por qué no se les obliga a las empresas transportadoras a implementar las rutas alimentadoras, que eran el principal sustento operativo del Cable Aéreo, y significaban además una gran economía para los usuarios? ¿Los transportadores son intocables en esta administración? ¿Sus finanzas, en la parte sustentada en los recursos públicos descritos, son acaso inescrutables y exentas del sometimiento legal? 
Sobre este tema hay muchas más inquietudes y son muchas más las presunciones que caben a su alrededor. Y aunque todo parece indicar que cualquier apreciación que se haga en el tema de transporte y pueda afectar a las empresas transportadoras, es arar en el desierto ante el alcalde Cardona, los ciudadanos sí podemos exigir que al menos se nos diga qué pasó con los dineros recaudados; qué gestiones se han adelantado al respecto; qué actos administrativos se han expedido; y qué evolución han tenido las propuestas de solución al problema de movilidad en la ciudad. Esos son derechos de los ciudadanos que, por mucha prepotencia que se maneje en la Administración, no pueden ser violados.
Sé que para el alcalde Octavio Cardona abordar este asunto es supremamente difícil. No solo por los millonarios intereses que se manejan, sino además por el apoyo de los transportadores a su actividad política; sus vínculos laborales y profesionales con ese sector; su relación evidente con el representante José Luis Correa (proveniente de familia transportadora); y su notorio interés en evitar la toma de decisiones que los incomode de alguna manera. Pero esos son los costos de asumir el poder; ese es el precio que hay que pagar cuando se decide asumir las riendas de una ciudad; esas son las dificultades que hay que sortear cuando se persigue el dominio de lo público. 
Y los ciudadanos esperamos respuestas claras. Porque nos acompaña el derecho absoluto, ya que los ojos alcabaleros de la Administración se posan insistentemente en los más pobres; en comerciantes generadores de empleo y dinamismo; en profesionales que le apuestan a su municipio; en inversionistas que generan nuevas vocaciones empresariales; en microempresarios que confían en una Manizales amable con su iniciativa; en ciudadanos que arriesgan a diario su patrimonio para contribuir al crecimiento de la ciudad. Y esa misma Administración, tan diligente y exigente en esos casos, y tan preocupada por gravar todo y cobrar impuesto por todo, se hace la de la vista gorda para recaudar miles de millones de pesos que le hacen falta al municipio, y que hoy se encuentran en el bolsillo de los aliados del Alcalde. ¡No hay derecho! ¡No hay coherencia!