Melany es una niña de siete años con un diagnóstico de “Autismo con atraso de motricidad severa”. Depende absolutamente de terceros pues no controla esfínteres, su desarrollo físico está paralizado y su comportamiento es el de una bebé de meses. Tiene una hermanita de 13 años y ambas dependen de su madre, cabeza de familia, cuyos ingresos son escasos y tiene que trabajar la jornada completa para sostenerlas.
Hasta finales del año pasado Melany estaba amparada por el ICBF, entidad que se encargaba de sufragar sus gastos en el Ceder, donde era atendida adecuadamente por profesionales especializados en este tipo de enfermedades. Su hermanita cursaba sus estudios en una entidad pública de la ciudad. 
Pero la vida les cambió radicalmente. El ICBF decidió dejar de sufragar los gastos de la niña en el Ceder y remitió a su madre a la Secretaría de Salud de Manizales para que asumiera sus responsabilidades. Esta Secretaría, aduciendo argumentos legales, le indica que la entidad encargada de su caso es la EPS donde se encuentre afiliada y que los cupos del municipio para atender este tipo de problemas son limitados y destinados para aquellas personas que no hayan recibido beneficios de otras entidades. En la EPS Salud Total encuentran como respuesta que allí solo se encargan de cuidados médicos, terapias y demás procedimientos que se relacionen con la enfermedad, pero que el cuidado diario no es su problema. Por su parte, la Personería de Manizales se limitó a recibir la queja y ha omitido, hasta ahora, ofrecer alguna solución. Es decir, la vida se les convirtió en un infierno gracias al desamparo estatal.
Hoy, la hermanita de trece años tuvo que renunciar a continuar con sus estudios para dedicarse a atender a Melany mientras su madre trabaja todo el día. Es decir, el futuro de la niña mayor se está frustrando por falta de atención del Estado; la niña pequeña sufre los rigores de una enfermedad supremamente delicada que requiere atención especializada permanente; y la madre vive en una angustia desgastante que pone en peligro su rendimiento en el trabajo y por ende su estabilidad laboral. Y las entidades del Estado, mientras tanto, implantan un carrusel y juegan con la desgracia de una familia. ¡Qué tristeza! 
La Constitución Política consagra que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y que la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social de los niños serán protegidos contra toda forma de abandono. El Código de Infancia y Adolescencia se autodefine como “conjunto de normas para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, que tiene como propósito, garantizar su bienestar, para que crezcan con su familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.” 
¿Qué de esto se cumple en este caso? A Melany se le sometió a un abandono absoluto y quedó en un desamparo que vulnera su calidad de vida y pone en peligro su supervivencia; su hermanita, de tan solo 13 años, tiene que asumir el rol de enfermera, educadora y cuidadora, olvidándose de su propia capacitación y de su vida escolar. Es decir, el destino determinó que una niña naciera con una enfermedad que el Estado, por sus condiciones particulares, debería atender y hacerse cargo de acuerdo con los principios legales. Pero ese mismo Estado, en lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde, decide dar la espada y arruina por completo la vida de otra niña que tiene que asumir las funciones y responsabilidades para las que no está capacitada. 
La Constitución en su artículo 44 dice: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.”. Pues bien: yo soy cualquier persona y hago público este aberrante caso para que las autoridades competentes cumplan con los mandatos constitucionales. Si requieren de más información la obtienen en mi correo.