Desde esta tribuna se ha insistido en los errores, manipulaciones, ilegalidades, inconstitucionalidades, corrupción y abusos de poder que, a mi juicio, se presentaron en el trámite del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales. Presenté los argumentos ante el Tribunal Administrativo de Caldas, haciéndome parte dentro del proceso que cursa y que tiene en vilo el Acuerdo que le dio vida jurídica al POT. 
Pero las cosas siguen estancadas. En noviembre de 2017 (hace más de dos meses) el Concejo de Manizales presentó un recurso de súplica ante el mencionado Tribunal, después de habérsele negado su pretensión de declarar nulo todo el proceso. El Tribunal designó al magistrado Plubio Martín Andrés Patiño Mejía para que estudiara y resolviera el mencionado recurso, y hasta ese momento se cumplieron los términos de ley. En adelante reinó un silencio que obligó a enviar un derecho de petición solicitando se explicaran las razones por las cuales el proceso se había estancado, y el Honorable Tribunal se encontraba aparentemente desentendido del recurso de súplica. Solo entonces se pronunció el citado magistrado argumentando que el recurso impetrado por el Concejo era improcedente, y devolvió el expediente al despacho del magistrado ponente.
¿Dos meses para que un magistrado determine la improcedencia de un recurso? ¿Dos meses para que un magistrado se pronuncie sobre algo tan obvio y que, por ser de su resorte cotidiano, está en la obligación de conocer sin mayores profundizaciones? Si no se interpone el derecho de petición, ¿cuántos meses más hubiera necesitado el magistrado para su determinación? ¡Esto suena sospechoso!
A mi modo de ver, los argumentos que se presentan dentro de la demanda al acuerdo que le da vida al POT son demasiado contundentes y pueden llevar a que, de fallarse en contra, se dejen en evidencia los desafueros cometidos por personajes plenamente identificables como los concejales Víctor Cortés y César Díaz, y que hoy son el soporte político en Manizales del candidato al senado Mario Castaño, y aliados del alcalde Octavio Cardona. Un fallo en contra en estos momentos sería un duro golpe para la campaña del partido liberal liderado por el representante Castaño y para el propio alcalde, pues los efectos que se causarían serían de inmensa gravedad.
Pero de mayor gravedad sería que ese cálculo electoral fuera el motivo para que el Tribunal Administrativo de Caldas, o algunos de sus magistrados, estuvieran dilatando las decisiones. Más grave aún sería que un tema tan sensible, importante y definitivo para la ciudad estuviera en manos de magistrados que cedieran a presiones politiqueras, y se abstuvieran de cumplir con los términos legales para favorecer a quienes hoy ostentan poderes desbordados. Más grave aún sería que la justicia estuviera al servicio de una causa política, y prefiriera mantener en vilo el desarrollo de la ciudad, a causarle perjuicios a determinados candidatos. ¡Sinceramente no quisiera creer que estas sean las causas para que el proceso se encuentre dilatado o paralizado en el tiempo!
Todo marchó dentro de los términos legales mientras estuvo en manos del magistrado sustanciador Augusto Ramón Chávez Marín. Pero cuando el Concejo de Manizales acude a dilaciones legales y cae el proceso en otras manos, las decisiones se detienen, los trámites se paralizan y el proceso parece perder importancia para el Tribunal. ¡Qué desastre! 
El Concejo de Manizales no ha encontrado defensa alguna ante las evidencias y argumentos presentados en la demanda y por eso ha acudido a la dilación, a argucias legales y a la complicidad de líderes gremiales que hoy se sientan a manteles con Mario Castaño y los autores del adefesio del POT, y con su silencio ayudan a que la corrupción que se denunció en su momento quede en el olvido. ¿Será que entonces el Tribunal Administrativo de Caldas terminó siendo parte de esa alianza y participando indirectamente en política? Por el bien de Manizales, de la justicia y de la credibilidad judicial, ¡espero que no! Como espero que, ya que el proceso fue devuelto al magistrado Chávez, su curso siga dentro de los términos legales y obtengamos pronto un pronunciamiento definitivo.