De acuerdo con lo establecido por el Congreso de la República en el proyecto de ley estatutaria relacionada con la JEP, los delitos sexuales cometidos por las Farc en contra de menores de edad quedan sometidos a la justicia ordinaria. Y aunque esto es un duro golpe propinado por el Congreso al Gobierno Nacional y a los terroristas farianos, duele que omitan de esa justicia los actos cometidos también en contra de los menores cuando les han violado su libertad, sus derechos a vivir dignamente, a su integridad física y sicológica, a una familia, a vivir una niñez sin temores, sin dominación, sin ataduras y bajo la ley y la constitución que nos rige a todos. Duele que se limiten a dejar con penas drásticas solo los delitos casi imposibles de probar, mientras quedan en la impunidad otros muchos que son evidentes, recurrentes y degradantes.
Por otro lado, es deprimente que el gobierno Santos haya tratado de feriar nuestra democracia en la forma como lo hizo. Tratar de otorgarles a las Farc 26 curules en el Congreso de la República solo se le puede ocurrir a él, a sus aliados enmermelados y a las Farc. Solo a quienes han puesto por encima de la patria sus intereses personales, sus compromisos secretos y quién sabe cuántas cosas más, les es admisible un despropósito de estas características. ¿Dónde hubieran quedado nuestras instituciones, nuestro orden jurídico, nuestra dignidad? ¡Enterrados!, tal vez al lado de las víctimas de las Farc que hoy se encuentran desaparecidos después de también habérseles violado sus derechos, su libertad y su vida.
Dirán, como lo hicieron durante las sesiones de estos últimos días, que las 16 curules tratadas de aprobar a la fuerza el día de ayer en el Senado, eran unas curules para las víctimas y que se trataba de una compensación mínima. ¡Falso! Las circunscripciones eran para las Farc, exclusivamente, y significaban otorgarles a los terroristas, además de impunidad total, unos cargos que entrarían a ocupar en forma descarada, prepotente, cínica y desafiante.
Por eso este país se encuentra tan polarizado, descuadernado y desestabilizado. Porque si era un despropósito pensar en que las Farc tuvieran cinco curules en la Cámara y cinco en el Senado, que el Gobierno haya tratado de imponer 16 curules más a los terroristas hacía que el Congreso de la República perdiera lo poco de legitimidad que le queda. ¿Qué respeto podría exigir un Congreso que se minimiza tanto como para ceder sus espacios a los peores enemigos de la patria? ¿Qué podríamos esperar de una institución que les hace el juego a quienes nos han desangrado por décadas y les entregara el poder para que ellos, en adelante, tomaran decisiones a nombre de sus víctimas y las cubrieran con apariencias constitucionales?
Pero aún así hay que respaldar la iniciativa del referendo revocatorio que se está promoviendo en todo el país. Por esto, los colombianos debemos reaccionar de inmediato para despojar a las Farc del poder que les ha otorgado este Gobierno. Por esto, acudiendo a los mecanismos constitucionales, debemos empeñarnos en deshacer los acuerdos espurios que, a través del desconocimiento del mandato popular, firmaron hace un año las Farc con Santos. Ya las mayorías del Congreso hicieron su parte al negarles aspectos fundamentales de esos acuerdos a los terroristas farianos; nos toca a los demás colombianos restablecer nuestra dignidad y demostrarles una vez más en las urnas que repudiamos su actuar, que nos oponemos a sus prácticas y que lo feriado por el presidente Santos tiene que quedar sin piso jurídico.
¿Enemigo de la paz? ¡No! Enemigo de la forma como se han burlado del país; enemigo del descaro, de la impudicia, del cinismo y de la desinstitucionalización de Colombia. Enemigo, en fin, de unos acuerdos que cubren con su manto de impunidad las acciones de quienes nos vienen destruyendo durante los últimos cincuenta años. Enemigo acérrimo de las Farc mientras no cedan en sus pretensiones de apoderarse del país mediante métodos violentos, ilegales o acordados bajo la mesa. ¡No soy enemigo de la paz: me duele la patria!
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