Puede parecer exagerado aseverar que en Colombia estamos en una dictadura. Pero, si miramos con precisión algunos aspectos, tenemos que concluir que efectivamente estamos bajo un régimen dictatorial y que los poderes del Estado están siendo suplantados por el gobierno Santos quien, lastimosa y peligrosamente, obedece a su vez a los mandatos de las Farc. Es decir, estamos sometidos a la dictadura fariana.
¿Por qué? Primero: miremos lo que está pasando con el fast track que es el mecanismo adoptado para darle cumplimiento “legal” a las imposiciones de las Farc en los acuerdos de La Habana: con su adopción los tiempos y trámites para expedir leyes y reformas constitucionales se reducen de manera significativa, pudiéndose reformar el Estado y su Constitución con la sola voluntad del Gobierno Nacional. Así, el Congreso de la República queda reducido a un órgano que solo avala las nuevas políticas impuestas por el Gobierno, sin poder de modificación. En la práctica, se trata de “legalizar” a pupitrazo las imposiciones de las Farc, perdiendo el sentido parlamentario del Congreso y su razón de ser legislativa. Primera entrega institucional.
Segundo: con la aprobación de la Justicia Especial para la Paz entramos en otro mecanismo de suplantación, pero esta vez del poder judicial. La conformación de un tribunal máximo, casi supraconstitucional, despoja de las funciones de justicia a varios órganos y Cortes del Estado, para convertirse en un tribunal retaliativo revestido de inmensos poderes al que no se puede penetrar ni siquiera vía tutela, en el muy probable caso de que se violen los derechos fundamentales de quienes resulten afectados por sus decisiones. Este omnímodo tribunal es producto del fast track e impuesto por las Farc al Gobierno Nacional quien, a su vez, se lo impone al Congreso de la República vía mermelada y manipulación mayoritaria. Segunda entrega institucional.
Tercero: la genuflexión manifiesta y la pérdida de poder del presidente Santos ante las imposiciones de las Farc, tienen al poder ejecutivo totalmente dominado y prácticamente a su servicio. Vemos a un presidente debilitado, bajo de cerviz y extremadamente complaciente con todas sus decisiones llegando, en la práctica, a aceptar de hecho ser suplantado en muchas de sus decisiones, o en objeto mediante el cual se sirven para hacer su voluntad. Y esta es la tercera entrega institucional.
Tenemos entonces una cruel realidad: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (soportes de la democracia) han sido entregados a las Farc. Porque son ellas quienes trazan la agenda del Gobierno; éste presenta las reformas estructurales del Estado ante el poder legislativo y éste, a su vez, sin poder modificar, ni transformar, ni adicionar los proyectos, se limita a ejercer su poder mayoritario para legalizar las imposiciones farianas. ¿Y qué sigue? La revisión de la Corte Constitucional que se encuentra también disminuida y desprestigiada gracias a la sumisión y complacencia mostrada con las decisiones que provengan de la alianza Farc-Santos. ¿No estamos entonces bajo la dictadura de las Farc? ¡Qué horror!
Y para rematar, la Unidad Nacional de Protección, órgano encargado de la protección de los ciudadanos amenazados o que, por su situación personal, laboral o pública, estén en peligro de que se atente contra su vida o integridad física, será penetrada por las Farc mediante la vinculación de 1.200 ex terroristas (¿ex?) desmovilizados, quienes fungirán como escoltas de sus propios líderes y dirigentes. ¡Habrase visto! Ingresar 1.200 delincuentes a una institución que maneja información privada, clasificada y secreta de los líderes y personajes públicos del país, solo se le ocurre a quien tenga como propósito la entrega total del Estado. Pero además, son 1.200 delincuentes que entrarán a devengar más de $1.800.000 mensuales (algo que negó sibilinamente el presidente Santos), cifra muchas veces mayor que la que devengan nuestros soldados y policías regulares, quienes exponen diariamente su vida para la protección y seguridad de los colombianos de bien. Pasamos entonces de una supuesta entrega de armas de las Farc, a la dotación oficial de armas pagadas por los colombianos que hemos sido víctimas de sus atrocidades. ¡Qué impotencia!