Yo no sé ni cuándo, ni cómo, ni porqué, el control urbano que ejercían las secretarías de Planeación Municipal pasó a manos de las secretarías de Gobierno, quienes para poder ejercer la responsabilidad conferida por la ley necesitan la denuncia interpuesta por cualquier vecino ante una inspección de Policía.

Mientras esto sucede, si es que sucede, la ciudad empieza a ser afectada por esta decisión, construcciones donde está expresamente prohibido, invasiones a terrenos privados, apropiación del espacio público; una serie de anomalías que están poniendo en riesgo la calidad urbana de la ciudad, agravada además por el auge de un desarrollo inmobiliario descarnado amparado por un POT miope e insolente, que amenaza como es el caso de Manizales, con echar al traste los atributos que aún le otorgan a la capital de Caldas el hecho de ser un lugar “Donde se puede vivir”.

Pienso que todo esto es un contrasentido. Un inspector de policía por razón de su formación no ha sido educado para comprender el espíritu que inspira la normativa urbana, como sí lo están aquellos que proyectan la ciudad, que la planean, que definen el carácter de los espacios para la ciudadanía, que no son otros que el equipo de profesionales y asesores de las secretarías de Planeación municipal, que como consecuencia de esta regulación pasan a ser una especie de convidados de piedra. Delegar esta responsabilidad es, a mi juicio, un craso error, porque hace de la planeación una tarea inconclusa llena de buenas intenciones y, de paso, hace de la ciudad un excelente campo de cultivo para intervenciones “non santas”.

Esta norma contenida en el Código de Policía no incluye la correspondiente formación de quienes están encargados de velar por la calidad urbana del municipio, ni de los protocolos y estrategias que sí tenían las oficinas de control urbano adscritas a las secretarías de Planeación que efectuaban, entre muchas otras tareas, continuos recorridos para revisar que toda obra se estuviera construyendo en concordancia con la norma.

A todas estas podemos sumar la de los supervisores técnicos de los proyectos, contratados por el promotor de los mismos, quienes tienen a su vez y en nombre del Estado la facultad de recibir la obra, de avalar con su firma la concordancia de lo supervisado con toda la normativa vigente.

Sin lugar a dudas, estas son búsquedas del gobierno para contrarrestar los efectos funestos de los “Space” que se han repetido con “creces” en otras de las ciudades más importantes de Colombia, pero cabría preguntarse si el remedio en este caso, no es más doloroso que la enfermedad, o si se está creando una “peligrosa” burocracia con muchos firmones que a la hora de la verdad saldrán en estampida con sus folios archivados en legajadores de colores variados.

Vale la pena decir aquí que los manizaleños tenemos la cultura de acatamiento de la ley, que en la mayoría de los casos existe una ejemplar responsabilidad con la ciudad y la ciudadanía, pero también es cierto que la ocasión hace al ladrón y no olvidemos que la corrupción se campea sibilina por todos los vericuetos de la ciudad.

Por todo ello propongo que la Administración Municipal mientras la ley cumple su período de prueba y se puedan analizar sus pros y sus contras, diseñe los protocolos necesarios para que la ciudad crezca en armonía con el entorno que hemos construido con el tiempo. Para ello pienso que es necesario implementar de nuevo un control urbano ágil y eficiente, libre en lo posible de la presión de constructores inescrupulosos que entienden la ciudad como un simple coto de caza.