Un gobierno con el sol a sus espaldas, los congresistas pensando más en su campaña de reelección y varios proyectos de reforma constitucional y legal controversiales, o que no terminan de convencer, serán las circunstancias que marcarán la última legislatura del gobierno Santos que se inicia.
El presidente Santos y sus ministros, principalmente el de Interior, Guillermo Rivera, deberán emplearse a fondo para sacar adelante las reformas que implementan los acuerdos de paz, especialmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha tenido numerosos reparos tanto de la oposición, como de partidos de la Unidad Nacional y del fiscal Néstor Humberto Martínez.
De igual manera, la reforma constitucional que crea las 16 circunscripciones especiales de paz, que es probable que termine rechazada por el Congreso en razón a que conflictúa o se sobrepone a los intereses electorales de los parlamentarios. En el caso del acto legislativo de reforma política, si bien no es una prioridad y tampoco el gobierno tiene claridad alguna sobre lo que es necesario sacar adelante en materia de reforma de partidos y electoral, excepto por la reestructuración al Consejo Nacional Electoral, sí es un punto de honor para honrar los acuerdos de La Habana. Y toda vez que el Congreso es renuente a aprobar la lista bloqueada (llamada erróneamente cerrada), el riesgo radica en que el gobierno termine sacando adelante un frankenstein legislativo o que la llamada reforma política se convierta en un traslado presupuestal, por la puerta de atrás, en favor de los partidos.
Otra de las iniciativas prioritarias, aunque no menos polémica, es el proyecto de ley de tierras, también parte del corazón de los acuerdos de paz. Entre los proyectos también indispensables, pero que tienen menos dificultad en ser aprobados, cabe resaltar el último debate al acto legislativo que reforma el esquema de las regalías para destinar más de un billón de pesos para las llamadas carreteras de la paz o el proyecto de ley que amplía la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, que permitiría a esta entidad vincular a desmovilizados. Asimismo, el que crea el catastro multipropósito, el Sistema de Innovación Agropecuario y el que crea el Sistema de Adecuación de Tierras.
Pero el gobierno también deberá jugársela para, en algunos casos, atajar iniciativas parlamentarias que no le convienen como la de transfuguismo que amenaza con desintegrar el partido de la U.
Así las cosas, si bien más allá de lo que corresponde a la implementación de los acuerdos de paz no se encuentran iniciativas trascendentales, la legislatura que inicia no será fácil. No solo por el desgaste del gobierno Santos, por el probable ausentismo parlamentario, sobre todo al final del periodo de sesiones, sino además por la sentencia de la Corte Constitucional que le devolvió al Congreso sus plenas facultades en el trámite de los proyectos de reforma por la vía rápida o fast track.
Aunque el gobierno seguramente usará el instrumento predilecto de los acuerdos burocráticos para sacar adelante sus iniciativas y contrabalancear la dificultad de una relación ejecutivo-legislativo en Colombia marcada por la fragmentación partidista, deberá, sin embargo, cuidarse de que dichos acuerdos no se constituyan en un talón de Aquiles y una oportunidad para la oposición arreciar sus ataques.
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