Al tiempo de la discusión del acuerdo entre el gobierno de Santos con la guerrilla de las Farc para lograr su apaciguamiento, que sus amigos prontamente denominaron proceso de paz a sabiendas que aún el mejor resultado no la lograba, fuimos muchos los que advertimos que para lograr ese apaciguamiento se debían cumplir un mínimo de requisitos. De ello se habló mucho y se escribió más, pero el gobierno hizo caso omiso de las advertencias para ceñirse a una hoja de ruta acordada previamente con las Farc.
Los señalamientos fueron muchos: La entrega efectiva de las armas, la impunidad, la reparación a las víctimas y la participación en política tal vez las más graves. En su momento el pueblo llamado a decidir mediante un plebiscito, en las urnas rechazó el acuerdo firmado en La Habana y con ello la creación de una justicia, aparte de la ordinaria con la que nos juzgan a todos los colombianos, llamada Justicia Especial para la Paz (JEP) que aplicaría una justicia transicional con declaración de la verdad y reparación de las víctimas, con la decisión ya tomada de que los autores de delitos de lesa humanidad no pagarían pena de reclusión, solo un remedo de pena que les impone restricción de movilidad.
Con los acuerdos firmados (finalmente firmaron más de uno). La Farc, partido político que reemplazó al grupo armado, tiene derecho a inscribir candidatos a las elecciones que tendrán lugar este año, esto es, de congresistas el 11 de marzo y presidenciales dos meses después, y así lo hizo, tanto para lo uno como para lo otro, aun cuando para lo primero tiene curules gratis, esto es sin votos, cinco para Senado y cinco para Cámara de Representantes por lo que la inscripción solo les servirá para hacerse contar que, según los sondeos, es un canto a la bandera.
Tienen también derecho a manifestarse y de él han hecho uso, pero se han encontrado con el repudio, porque el pueblo tiene también derecho a manifestar su rechazo, a poner en evidencia que no los quieren. Es cierto su posición mayoritaria fue desatendida, pero a quienes votamos no nos queda sin embargo el derecho de hacer sentir nuestra voz de rechazo, porque la presencia de la Farc en la plaza pública constituye la escenificación de aquella primera burla y, digo primera porque con la implementación de los acuerdos, la mascarada queda completa. En efecto: La entrega efectiva de las armas no se cumplió, las Farc impusieron el término dejación y luego depositaron unas pocas en contenedores y dieron las coordenadas en donde se encontraban las demás; si las hubieran entregado in situ habrían permitido que la Fuerza Pública se posicionara del lugar y no esta horrible situación que ahora se vive en donde los terrenos de las Farc son ahora dominados por las disidencias, como mal se llama a los miembros de las Farc que no se desmovilizaron, o el Eln o las Bacrim. La semana pasada faltaban 57 caletas por descubrir, porque no se trata solo de ubicarlas sino de retomarlas puesto que están en territorio en manos de bandas armadas. La impunidad de quienes cometieron delitos de lesa humanidad es flagrante; si se someten la JEP no pagan pena de reclusión. Molesta la instauración de una justicia que será un medio para que delitos como el asesinato, el secuestro, el terrorismo el reclutamiento forzado de niños y niñas, el aborto y la violación cometidos reiteradamente, queden impunes. La reparación a las víctimas es una burla. Lo es pedir perdón en forma general y lo es igualmente la declaración de bienes que llega hasta el insulto, y la participación en política que tiene varias etapas: Curules gratis, constitución del partido político, lanzamiento de candidatos y campaña pública, a esta se llega sin que todavía haya comisión de la verdad, la JEP aún no funciona y si bien se ha pedido perdón en forma colectiva, las víctimas no han sido reparadas.
En democracia se deben cumplir la leyes, Rodrigo Londoño alias Timochenko y sus copartidarios (para llamarlos de buena manera) tienen derecho a presentase en la plaza pública para ofrecer su candidatura a la Presidencia de la República o al Congreso, a nombre del nuevo partido de las Farc, pero las personas a quienes va dirigida la presentación pueden negarles el apoyo o mantener un comedido silencio, pero también tienen el derecho de rechazarlos. Se les recibe con abucheos, silbidos porque lo que perciben es la impunidad manifiesta es el repudio por los beneficios desmedidos, los siguientes incumplimientos de las Farc y la indecencia de presentarse a la plaza pública sin cumplir los términos de la justicia transicional. Cómo así que sin verdad, justicia y reparación los guerrilleros están haciendo proselitismo político. Más valiera desde luego que no se pase a los actos violentos, las autoridades además deben protegerlos. Bienvenidos los abucheos y el rechazo, pero sin violencia, no sea que ahora las Farc se nos victimicen.
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