Podía titular el posconflicto, como gusta el gobierno llamar al presente, pero aquí aparece la primera mentira. Para hablar de posconflicto se requiere que el conflicto esté cerrado y trancado, y no lo está. Es evidente que faltan los elementos de la justicia transicional: Verdad-justicia-reparación a las víctimas y no repetición. Falta además, el asunto más importante: La implementación.
Mientras las Farc reclaman que el Gobierno les cumpla con lo pactado, este guarda silencio frente a los incumplimientos de las Farc. Lo cierto es que la implementación, que es en lo que estamos, pone en evidencia la magnitud de lo prometido por el Gobierno a las Farc y, aquellos que miraban para otro lado cuando se les advertía, empiezan a comprender que el Gobierno fue más allá de lo conveniente. La enorme paradoja que ahora enfrentamos es que el mismo Gobierno que le hizo conejo al pueblo que le dijo No en el plebiscito, advierte que no se le puede hacer conejo a las Farc; entenderán ahora los que no querían mirar, de qué lado está situado el presidente Santos.
Cuando amaneció el posconflicto, esto es un poco después del acuerdo del Teatro Colón, fueron apareciendo las verdades verdaderas, no la posverdad; nos enteramos entonces que, cuando aceptaron al narcotráfico como delito conexo a los políticos y le agregaron abolición de la aspersión con glifosato y sustitución de cultivos, y erradicación voluntaria en lugar de la forzada, las Farc ordenaron y/o convencieron que se debía sembrar, se trataba de un gana - gana, primero la coca y luego apoyo y sustitución de cultivos, que ofrece como resultado un mar de coca que contradice el manifiesto alarde de que se logró la paz, pues el mayor generador de violencia es el narcotráfico y, eso, precisamente, es lo que perciben en el exterior. Nos enojamos porque los gringos señalan el aumento de cultivos, cuando deberíamos sonrojarnos.
De los requisitos para hacerse acreedores a la justicia transicional estamos en sus albores. Ya tenemos comisión de la verdad, pero cuando en nuestra inocencia creíamos que se ocuparía de las actuaciones de las Farc nos encontramos que examinarán la conducta del Estado que dio lugar al levantamiento en armas, esto es, iniciaremos la búsqueda de la verdad con la justificación de las Farc. De la reparación a las víctimas mucho menos, bueno dos noticias negativas. La primera que ellos tienen también sus propias victimas, como lo pusieron de presente en el encuentro en La Habana en donde las que menos fueron oídas fueron las víctimas de las fechorías de las Farc y, la segunda, la ofensiva lista de bienes con la que pretenden cumplir sus compromisos de reparación, en las que se incluyen bienes inmuebles sin identificación registral ni determinación por linderos, bienes de uso público como son las carreteras y otros bienes desechables o sin ningún valor y, finalmente la justicia: Que será diferente a la ordinaria, aquella que juzga a todos los demás colombianos, con normas, procedimientos y jueces diferentes.
De allí salió lo que tenía que salir: Un Tribunal con un definido sesgo o tendencia política (cierto que cada uno de los jueces tiene su propia subjetividad, el asunto es que de la suma no resulte un tribunal con un sesgo y tendencia previamente determinado). En la escogencia olvidaron se trataba de jueces, se buscaron otras condiciones, pero nada bueno podíamos esperar cuando la dejamos en manos de tres extranjeros y dos colombianos sin experiencia en la administración de justicia. Mientras en la justicia ordinaria nos desvelamos por encontrar la fórmula mágica que nos permita la excelencia, para este especial tribunal dejamos que extraños eligieran sin ningún parámetro.
Lo último que la implementación nos muestra es el cumplimiento del punto 36 del capítulo relativo a la JEP que dice: “La imposición de cualquier sanción no inhabilitará para la participación política, ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo, de participación política”.  
Tras de muertos, rematados. De una parte no se cumplen los requisitos de la justicia transicional. Sin que aún se implemente, tenemos elegido un tribunal con una marcada tendencia, sin inhabilidades e incompatibilidades y, de otra, gozan de precisa norma que les permite el acceso a la política, si se les impone alguna pena. No debiera por tanto sorprendernos la arrogancia de los miembros de las Farc en los distintos escenarios y su exigencia en otros. Ahora tienen candidatos a la Presidencia, al Senado y Cámara de Representantes y financiación estatal que, unido al capital lavado o encaletado será un buen impulso a sus ansias manifiestas de poder. El presente, con candidatos de las Farc haciendo política y presencia electoral sin sanción es una enorme y brutal alegoría: Se ofrece justicia y en su lugar nos dan impunidad.