Lo que ahora tenemos radica en aquello a lo que el presidente Santos o sus delegados se obligaron en las conversaciones anticipadas y secretas, para lograr que las Farc se sentaran a la mesa, que se han venido revelando poco a poco en los acuerdos y se desnudaron completamente en la implementación.
Es evidente que se acordó que las partes serían iguales, que no habría sometimiento, ni entrega de armas, ni cárcel. El narcotráfico y el secuestro, el reclutamiento de menores, la muerte en combate o en retención, las violaciones, los abortos, robos, daños en infraestructura o en cosa ajena (que pague el gobierno) etc. serían delitos conexos con los típicamente políticos. Justicia sí, pero no aceptarían la justicia ordinaria, aquella con la que se juzga y sanciona a todos los colombianos, desde los nobles, quiero decir los nóveles, esto es del presidente al campesino, mejor dicho a todos. 
La agenda se nutrió después de otros asuntos propios de la administración, que respondían a un plan de gobierno, que implicaba la futura gobernabilidad del país, el manejo de las tierras comprometiendo con este el respeto de la propiedad privada. La inquietud principal, sin embargo, no es el contenido (que también lo es), sino el escenario. Por qué fue preciso discutir el plan de gobierno, de gobiernos sucesivos, con los alzados en armas ¿Para lograr la desmovilización de 7.000 hombres entregamos la gobernabilidad? La preocupación que entonces señalábamos, que luego resultó demostrada es que desde un principio, en las conversaciones quedó sentada como esencia de las mismas, que las Farc eran contraparte en condiciones de igualdad con la legalidad. Los guerrilleros no se sometían, el gobierno doblaba la cerviz.
Como desde el primer momento se negaron aceptar la legislación penal colombiana que implicaba pena de prisión para los delitos por ellos cometidos, se aceptó que aplicarían la Justicia transicional que exige verdad, justicia, reparación y seguridad de no repetición. No obstante que con esta justicia se logran penas menos estrictas, para los delitos de lesa humanidad señala penas de reclusión pero, a pesar de que el pueblo así lo exigió en el plebiscito, la cuerda se rompió por la parte más débil en las negociaciones y entonces para los delitos atroces se inventaron una pena nueva a la que llamaron restricción de la libertad que aún no sabemos cuándo ni cómo se va a aplicar. Luego se vio cómo el rechazo de la parte fuerte en las conversaciones a la justicia colombiana, alcanzaba a los jueces y, por tanto, debía nombrárseles tribunales y jueces especiales. 
En el narcotráfico teníamos aspersión aérea con glifosato y erradicación forzada y se pactó suspensión de la fumigación y erradicación voluntaria con sustitución de cultivos. Se pactó también que las Farc tendrían participación en las elecciones de 2018, está presente en todas las conversaciones con el lema de la sustitución de las armas por los votos, pero, desde luego, se trata de un compromiso previo al que están ligados todos los pasos que les permitan no pagar pena de reclusión. Finalmente también se aceptó dejación de las armas en lugar de entrega.
Lo que tenemos ahora, da para más escritos, es una larga historia de entregas y dejaciones bajo la premisa siempre presente que es el precio que tenemos que pagar por una paz que no llega, y una exguerrilla desatada ejerciendo derechos aun no perfeccionados e irrumpiendo en los escenarios públicos, en los recintos sagrados de la democracia que solo demuestran la impudicia de los desmovilizados y la ausencia de la contraparte que solo se ocupa de limpiarles y allanarles el camino hacia el poder, quebrando todos los instrumentos de la legalidad, que les permite a aquellos exhibirse como limpios e inmunes cuando no son más que una señera e inquietante muestra de impunidad. 
La implementación de los acuerdos desnuda la exagerada entrega que se hizo a cambio, no de la paz como siempre se dijo, si no de la desmovilización de unos pocos, ya lo eran, pero se quedaron muchos y, la dejación de armas; argucia con la que se eludió la entrega, que les permite argüir que ellos cumplieron señalando unas coordenadas y, concluir que es incumplimiento del gobierno con el desmantelamiento de las caletas. Como veremos al mirar el proceso con la claridad que da la implementación, el resultado es la horrorosa entrega que se hizo, incluso de instituciones, para la impunidad de los alzados en armas. No lo duden, ser pillo paga.