Entre los desafíos socioambientales para adaptar el hábitat a las amenazas naturales, en particular las asociadas al cambio climático y a los sismos como generadores de potenciales desastres en Colombia, y a otras problemáticas ambientales del medio urbano y rural, a pesar de haberse institucionalizado la gestión del riesgo con la creación y desarrollo alcanzado por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), para lograr una adaptación del hábitat a las amenazas naturales y a otras demandas del medio ambiente, se deberá propiciar una cultura ambiental que facilite la apropiación social del territorio para la gestión participativa del riesgo y el incremento de la resiliencia, mediante el empleo de estrategias de adaptación al cambio climático, relacionadas no solo con la planeación participativa y el cumplimiento de la normatividad, sino también con un modelo de ocupación no conflictivo del suelo.
No solo nuestras grandes ciudades deberán enfrentar sismos intensos en regiones sismotectónicamente activas, sino también cientos de municipios del país están en riesgo potencial por la falta de agua como consecuencia de la deforestación, lo que también agrava la dimensión de su vulnerabilidad a los desastres naturales, en especial a los eventos climáticos extremos consecuencia del cambio climático, como generadores de incendios forestales y sequías, o también de deslizamientos y riadas en ambientes de montaña, e inundaciones, y huracanes o procesos erosivos ocasionados por cambios en el nivel del mar, en nuestros medios costeros. Si las amenazas climáticas deben abordarse desde la perspectiva de las cuencas y microcuencas, las corporaciones regionales deberán intensificar las medidas correspondientes de cara a la protección de los ecosistemas estratégicos, al aseguramiento de las fuentes de agua y a la prevención de las amenazas hidrogeológicas.
A lo anterior, deberían sumarse otros aspectos relevantes, como: 1- Riesgos ambientales urbanos donde el espacio público brilla por su compleja problemática y el patrimonio arquitectónico se ha degradado. 2- Alteración severa de los ecosistemas y áreas de interés ambiental, por no prevenir los efectos antrópicos de una expansión urbana inconveniente. 3- Contaminación hídrica y de los suelos, por altos niveles de concentración de vertimientos industriales y agroindustriales. 4- Guetificación de la ciudad, consecuencia de un modelo de ciudad inequitativa y excluyente, fruto de la especulación con la renta por plusvalía urbana.
Por lo tanto, dicho lo anterior, en cuanto a políticas públicas, podríamos mejorar si consideramos: 1- Estamos urgidos de una política pública ambiental, que le apueste a objetivos estratégicos coherentes y viables, entre ellos una gestión integral del riesgo, mediada por procesos de carácter participativo para alcanzar la sostenibilidad de los procesos de cambio. 2- Requerimos decisiones democráticas, sobre derechos civiles expresados en los planes de desarrollo, soportados en unos usos no conflictivos del suelo espacializados en el plan de ordenamiento y concertados con los actores sociales incluidas las comunidades de base. 3- Se debe implementar una pedagógica popular ambiental para la apropiación de los procesos de cambio, como estrategia que posibilite el empoderamiento del territorio, para una construcción participativa con el concurso de los actores del territorio.
Y finalmente, en cuanto a la gestión del riesgo, los instrumentos a contemplar, serían: a) La previsión a corto plazo que atañe a la instrumentación de los fenómenos geodinámicos, las alertas tempranas y la modelación de los eventos probables. b) La previsión general de los desastres donde resultan vitales los mapas de amenaza para resolver la ocupación conflictiva del suelo e implementar los modelos de exposición al riesgo. c) Medidas de prevención tanto con mejoras físicas o estructurales, como de gestión eficiente de los sistemas estratégicos y líneas vitales. d) Medidas de preparación asociadas a la planificación de acciones rápidas y eficaces, para restaurar los servicios y controlar o mitigar los daños al sistema y al ambiente. e) El plan general que debe diseñarse en función del riesgo de cúmulo, de importancia para las autoridades. f) El plan operativo diseñado en función del riesgo específico, que dé respuestas a las inquietudes locales. g) La educación para una cultura ambiental que propenda por la apropiación social de la gestión del riesgo, y por la prevención de los desastres por la vía de la planificación y del ordenamiento del territorio.