Se tramita en el Congreso, el proyecto de Ley 271 de 2017, que pretende abolir las corridas de toros, las corralejas, las peleas de gallos y el coleo. Quienes más han liderado tal iniciativa han sido los liberales Juan Fernando Cristo y el senador Guillermo García Realpe. Nuevamente, son los liberales quienes lideran las iniciativas más conservadoras de este país, bajo el estandarte de un creciente “prohibicionismo” a todas luces atípico en el marco de una constitución progresista.
Si el debate político ha sido precario, el económico y cultural han brillado por su ausencia, incluso, el avance del proyecto puede considerarse antidemocrático, dado que taurinos, galleros, llaneros y costeños no han sido tenidos en cuenta a la hora de discutir estas iniciativas. De la lectura de los cinco artículos que componen el proyecto, poco o nada se ha dicho del funesto artículo cuarto, que es una encerrona a las limitadas finanzas de los municipios que como Manizales desarrollan de manera tradicional y reconocida las corridas de toros.
La labor irresponsable del Congreso pretende meter a Manizales en el diseño y financiación de un plan de sustitución e integración laboral, con sus propios recursos, y donde el gobierno sólo “apoyará” estas actividades. Imagínese cuánto costaría sustituir económica y laboralmente a la Corporación Taurina de Manizales, a ganaderos, a la propia cruz roja dueña de la plaza de toros, a sastres, toreros, periodistas y todas las personas que se dedican de manera directa o indirecta a estas actividades. Y eso sin contar con la pérdida de ingresos y sostenibilidad del hospital infantil, que es a donde llegan los recursos de las temporadas taurinas.
En otras palabras, el Congreso, a lo pilatos, se lava las manos pretendiendo montar a los municipios en una “vaca loca“ inconstitucional donde deben responder por decisiones que no han tomado, desconociendo en consecuencia su autonomía territorial. El Congreso, frente a las leyes que profiera tiene la obligación de ser responsable de los efectos de las mismas, y es claro que en este caso no lo está siendo. Por su parte, el anunciado senador nariñense Guillermo García Realpe, ponente del proyecto, quien se autoproclama defensor de los animales, obtuvo algo más de 64 mil votos en las pasadas elecciones, donde la mitad de los mismos son de su propio Departamento, la tierra del cuy.
En la costa, los llanos y en Manizales, tierras de las corralejas, el coleo y los toros, prácticamente no obtuvo votos significativos. Ello explica porqué además de la ilegitimidad de la propuesta, en la exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley, es abundante la incongruencia del citado senador, quien aspirando a la protección de los animales, y velando supuestamente por su bienestar, se hace el desentendido con los cuys. Claro, no va a ser tan ingenuo de proponer la prohibición en la cría, comercialización y consumo del cuy, símbolo de la gastronomía cultural nariñense, así para su sacrificio haya que sumergirlos en agua, asfixiarlos mecánicamente o romperles el cuello, pues ello implicaría quedarse por fuera del Congreso.
Esta es la doble moral de muchos de nuestros senadores, quienes definen el destino de los demás protegiendo los perversos intereses propios. De manera urgente los concejales de Manizales y los diputados de Caldas deberían asumir una posición clara y contundente, trayendo al ilustre senador, a que explique por qué toros sí y cuy no, pues de seguir avanzando el proyecto tal cual se presentó, llevará a serios problemas económicos al municipio de Manizales. ¿Politiquería o amor por los animales? Tan querido el senador, ¿quiere otro cuy?