En días pasados, Pablo Felipe Arango, culto y respetable ciudadano y quien dirige una de las empresas más importantes de la región, escribió en su Tweet, la experiencia vivida cuando compartía vuelo con funcionarios del Gobierno nacional, que venían a Manizales a los talleres “Construyendo país” del presidente Duque. “Me obligan ir a ese pueblo de mierda”, fue la frase expresada por uno de los miembros de la comitiva presidencial. Y seguramente, por ahí ha de andar el funcionario de Duque como si nada, mirando donde más pone su mirada coprológica. No es la primera vez que desde Bogotá, por un exacerbado centralismo, se mira al resto de Colombia como un “pueblo”.

Como suele decirse, el problema no es el término sino el “tonito”, pues vivir en un pueblo como Manizales, con buenos indicadores de calidad de vida, incluso mejores que los de la capital, no dejan de ser un privilegio. Si bien Bogotá es la ciudad con mayor número de habitantes, la mayoría vivimos en pueblos, concepto que además adopta nuestra Constitución para referirse a todos los colombianos, en quienes radica finalmente la soberanía. La riqueza conceptual del “pueblo” que pasa además de lo político, por una caracterización étnica y cultural, es vista lamentablemente, como este pobre funcionario del gobierno (pobre por su notoria y mermada inteligencia), como una asociación de personas de segunda categoría, reducidas económica, social y políticamente: brutas, mejor dicho. Lo que queda en evidencia es el reflejo de un problema histórico en la configuración del territorio nacional: el centralismo.

Solo dos años después del memorable grito de independencia, Nariño y Camilo Torres, en el marco de una de las primeras guerras civiles del siglo XIX, se enfrentaban en lo que se dio en llamar la “Patria Boba” por la definición de un modelo centralista o federalista para la nueva república. Después de un corto período federal, que comprendió los Estados Unidos de Colombia (1863-1886), considerado como uno de los momentos más progresistas de nuestra historia, llevamos ya 133 años de un modelo centralizado de gestión de los asuntos públicos, donde todo pasa por Bogotá y que se alienta por una concentración muy fuerte del poder en cabeza de la figura del presidente de la República.

Que se haya fijado a Bogotá como la capital de Colombia, no deja de ser el resultado de una situación accidental, como bien lo relata Marco Forero en su “Breve Historia de Bogotá” (Ariel, 2016), derivada de los encargos hechos a Pedro Fernández de Lugo y Gonzalo Jiménez de Quesada, de establecer una ruta de acceso al Perú. Siendo el único país con dos mares en Suramérica, uno no se explica por qué la capital de Colombia no queda en una de las dos costas, en una zona portuaria que permita un desarrollo económico altamente competitivo, tal como sucede en Caracas, Montevideo, Lima o Sao Paulo. De hecho es paradójico que Bogotá, además de ser una de las ciudades más altas sobre el nivel del mar, sea la capital más lejana de las costas en aquellos países con acceso al mar de toda Latinoamérica. Lo cierto del caso es que en doscientos años de vida republicana el modelo preponderantemente centralizado de nuestra República ha sido un fracaso, y es uno de los grandes responsables del aislamiento y de las precarias condiciones sociales de muchas regiones. Pareciera que para muchas personas que viven en Bogotá, comenzando por muchos de sus gobernantes, las regiones y pueblos de Colombia son un problema ajeno: Deberían darse una oportunidad por acceder al conocimiento, pero ante todo por amarrarse la lengua.