Por esta época electoral, muchos medios y ciudadanos hablan, opinan y se autoclasifican como de izquierda o de derecha. Pero pasa desapercibido, que el origen de tales categorías no fue intencional, y obedeció simplemente al lugar ocupado por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente  en la época de la Revolución Francesa, en la sesión del 14 de julio de 1789. Quienes apoyaban al rey, se encontraban a la derecha del presidente de la Asamblea y quienes consideraban que este poder debía ser soberano y popular (como en la Constitución Política de Colombia), se encontraban a su izquierda. En fin, después de esto, han surgido todo tipo de variables como centro, centro izquierda, centro derecha, extrema izquierda, extrema derecha, entre otros. Estos conceptos, generalmente vagos y superfluos, podrían no resistir un debate respecto de las concepciones liberales y conservadoras de la teoría y la actividad política de los ciudadanos. Por ejemplo, el interés del candidato Petro, por la “transformación del latifundio improductivo e impulso a la economía campesina” a través del impuesto predial rural y el catastro multipropósito,  ha sido calificado por algunos sectores como típicamente de “izquierda”. Sin embargo, como lo relata Catherine LeGrand, de la Universidad de McGill (Canadá) en su magnífica obra “Colonización y Protesta Campesina en Colombia (1850-1950)”, en el marco de la desafiante Constitución de Rionegro, y más exactamente entre 1860 y 1880, bajo el gobierno del Partido Liberal, los congresistas de aquel entonces eran absolutamente críticos frente al modelo latifundista de tenencia de la tierra, caracterizado por un alto grado de improductividad que impedía el desarrollo rural y la prosperidad general. Estos mismos políticos, proponían la necesidad de construir una sociedad de pequeños capitalistas rurales, donde el acceso a la tierra y a los bienes de capital, marcarían el camino para salir de la miseria. En el contexto actual, al revisar la política de impuestos sobre la tierra, el escenario es simplemente desolador. Una mirada al documento Conpes 3852 de 2015 elaborado por el gobierno nacional, sobre reajuste de avalúos catastrales,  deja en evidencia que sólo el 42% de los predios rurales colombianos esta actualizado; y en Antioquia, la desactualización catastral llega al 54%. Recordemos que el reajuste catastral define la base del impuesto predial, uno de los principales ingresos de los municipios y determina adicionalmente, el cambio patrimonial de los propietarios de inmuebles reflejado en las respectivas declaraciones de renta. En Colombia, el 81% del catastro urbano se encuentra actualizado, lo que significa que la sostenibilidad financiera de los municipios depende de quienes vivimos en las ciudades y de los pequeños propietarios rurales. En otras palabras, un propietario de vivienda de 80 metros cuadrados en un barrio estrato 3 de Manizales puede pagar mucho mas impuesto que un propietario rural de una finca de más de 80 hectáreas. Esto no tiene nada de izquierda, es simplemente ilegal. Las autoridades reconocen que donde mas abunda la desactualización catastral es en los latifundios y en ese 8% de tierra colombiana sin formar catastralmente.  Han pasado 150 penosos años, y ahora Petro, pretende revivir el ideario liberal de antaño, conocido y diagnosticado por el actual gobierno, y que por la ausencia de una cultura política de la legalidad, sigue siendo una quimera, sobre todo en aquellos, que autodenominados de extrema derecha se comportan como de extrema izquierda evitando o evadiendo el pago de los impuestos. Lo que hay que preguntarnos es, si algún día, vamos a cumplir la constitución y la ley, que hace rato previeron cómo se deben enfrentar los temas de la propiedad y su tributación, o sea, como ser menos pobres.