Pocos saben que estamos cumpliendo exactamente 55 años de creación del glotón impuesto a las ventas. Nacido durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia, comenzó con una tarifa del 3% y solo recaía sobre una de las fases de la producción industrial. Pero tres años después (1966) comienza a engordarse gravando distintas fases de los procesos manufactureros. Ya para 1971, en el gobierno del también conservador Misael Pastrana Borrero, el IVA comienza a capturar la prestación de servicios; pero es en el gobierno del también conservador Belisario Betancur (1983) donde el IVA saca las uñas, colonizando el comercio al detal; fue por aquel entonces donde se le dio el nombre de Imposible Vivir Así o el de Inventos de un Viejito de Amagá (la tierra de Belisario). Ya en el gobierno del también conservador Andrés Pastrana, el IVA se expande a la famosa tarifa del 16%. Uribe tampoco se quedó atrás, y en el año 2005, aumenta las exenciones a las empresas que se hubieran convertido en usuarios de zonas francas. Y la última reforma tributaria, conservando su tradición ascendente, estableció una tarifa general del 19%. Ahora, al presidente Duque y su ministro Carrasquilla, consecuentes con sus antecesores conservadores, se les ocurrió la genial idea de ampliar el IVA a todos, absolutamente todos los productos básicos de la canasta familiar. Desde su creación, el malquerido impuesto ha crecido aproximadamente un 260%. En contraste, la precariedad de las finanzas de los municipios y su cada vez disminuida posibilidad de inversión social, se ven fuertemente castigadas, ante la ausencia de una actualización del catastro, que fije tarifas legales a los grandes propietarios rurales, permitiendo por fin, recaudar un impuesto predial justo y equitativo; y eso que el catastro, mucho más viejito que el IVA, nació hace 197 años en el famoso “Congreso Admirable” de Villa del Rosario de Cúcuta, mediante Ley del 30 de septiembre de 1821 (catastro general del Cantón), y reglamentada por el presidente Francisco de Paula Santander en 1825. El Conpes 3859 del 13 de junio de 2016 (léalo para que se asuste) deja en evidencia que: 64% de los catastros están desactualizados; en 187 municipios el 80% no cuenta con información catastral básica; 26,3 millones de hectáreas del sector rural están sin formarse catastralmente; solo el 29% de los municipios está actualizado; la cartografía nacional es desactualizada y el 59% del territorio no cuenta con escalas ni información apropiada para la gestión catastral. O sea, de milagro los municipios preponderantemente rurales hacen inversiones con recursos propios, recaudando impuestos prediales pichurrios de los grandes propietarios de tierras. Y aunque la Ley 223 de 1995 ordena que la actualización catastral debe hacerse cada 5 años, Antioquia es de los Departamentos con mayor desactualización, pues según el Conpes 3881, solo el 51% de su territorio lo ha hecho y en sus 124 municipios, se paga un impuesto predial per cápita de solo $91.494 (pa eso si no son berracos, o se las quieren dar de vivos). Pero en esto, los gobiernos se hacen los bobos, pues queda demostrado que son muy eficientes a la hora de imponer gravámenes a los pobres de Colombia, como el IVA, pero absolutamente negligentes a la hora de gravar la propiedad de los grandes capitales. Y Duque está siendo coherente con el mandato: baje arriba y suba abajo. Con razón el controvertido profesor Gilberto Tobón Sanín, se refiere al presidente electo, como un Robin Hood a la inversa. Ahí estamos pintados, y eso que ya nos habían tumbado una vez con el famoso 4 x mil. ¡Y que viva el partido Conservador!