Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que el término “perjurio” proviene del latín periurium que significa juramento en falso. En el acto de posesión, el presidente Duque juró cumplir la Constitución y la Ley; eso es precisamente lo que no está haciendo. Por eso deberían eliminar los juramentos públicos, ya que se convirtieron en un “cliché” protocolario, donde se levanta la mano sin saber qué hacer con los dedos. 
Es de tal grado la cultura del incumplimiento de las normas que sería preferible que dijeran: “¿jura usted violar la Constitución y la Ley?”. En todas las universidades la toma de juramento es la entrega a la sociedad del nuevo profesional. Siempre me he preguntado, ¿de qué universidades serán egresados los profesionales que intencionalmente burlan la Constitución y la Ley? Es hora de ampliar el espectro de la responsabilidad ética de estas instituciones.
Premisas: Duque acompaña a Óscar Iván Zuluaga a Brasil a hablar con la gente de Odebrecht; Odebrecht apoya las campañas Uribistas y Santistas; el CNE se hace el bobo con el tema; Odebrecht, aliado del grupo Av Villas, ofrece coimas a políticos; el fiscal Néstor Humberto Martínez asesora al grupo Av Villas, y se declara impedido para investigar a Odebrecht; Duque nombra a su amigo Leonardo Espinosa, como fiscal ad-hoc, amigo del impedido. Conclusión: el poder es pa poder.
Sorprende que siendo Duque un abogado de la Sergio Arboleda, con unos cursos en Harvard, se le haya olvidado de manera tan drástica la Constitución Política. La primera y segunda terna que enviaron a la Corte Suprema de Justicia (a la cual penosamente también se le olvidó la Constitución), no cumplían con los requisitos establecidos por dicha norma: en efecto, dice el inciso segundo del artículo 249: “El Fiscal General de la Nación…debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, el artículo 232 de la misma Constitución establece los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mencionando especialmente en su numeral 4 que “…la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer” o sea penal. El decano de Derecho de la Sergio Arboleda podrá ser el de Aguadas en materia de derecho comercial, como Martínez, pero no tiene los pergaminos, ni la hoja de vida para haber merecido la bendición de Duque como Fiscal, quien hizo prevalecer el criterio “amiguero” por encima del legal osea del democrático.
¿De verdad a usted le parece que eso que dice la Constitución es muy duro de entender? Pésimo mensaje para los profesionales, especialmente los abogados de este país: no estudien, hagan política. Las facultades de Derecho del país, los Colegios de Abogados, especialmente los penalistas y las mismas organizaciones de jueces y fiscales, deben pronunciarse frente a la urgente necesidad de defender las instituciones democráticas y la necesidad de asegurar el “conocimiento” como presupuesto fundamental del estado social de Derecho, expresamente reconocido en el preámbulo de nuestra Constitución.
Adenda: Un reconocimiento muy especial merecen los estudiantes y profesores de las universidades públicas que participaron en la mesa de diálogo con el gobierno nacional, frente al histórico acuerdo para enfrentar la desfinanciación de las mismas. Sin duda, las reiteradas movilizaciones de ciudadanos, profesores y estudiantes, contribuyeron a ese propósito. Pero también debe reconocerse la voluntad política del presidente Duque, de haberse sentado a escuchar los justificados reclamos de los universitarios y construir conjuntamente escenarios para un “mejor estar” de la educación superior. ¡Así es como se hace! Ojalá cumplan. Feliz año.