La política es dinámica. Tanto que se volvió un carnaval, un espectáculo de circo, lleno de payasos y de “fieras”, que saben como torcerle los más elementales principios a una democracia. Hacen que parezca limpio lo que es sucio; transparente lo que es opaco; decente lo que es deshonesto, injusto e indigno. Pero esa es la realidad que vivimos, en la que a diario vemos desarrollar, con no poca desvergüenza nuestro cotidiano, sin que se produzca una verdadera marejada de oposición, a un régimen que nos ha manejado a su antojo desde que somos República, que supuestamente es una forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. Nosotros en realidad no lo somos.

Vivimos en un país de gobierno injusto, con mucho de despotismo y no poco de disimulada tiranía. La tiranía de la compra-venta de votos y conciencias, con “fami-empresas” políticas que creen con fe ciega, que el poder es heredable, con “empresarios” politiqueros, que tienen en esa actividad un filón inagotable, con el que se enriquecen, engañando incautos. Es una práctica que no es decente, pero es tan generalizada y común en Colombia, que hace parte de nuestra clase política, tan poco dada a la transparencia y a la honestidad.

La JEP, Justicia Especial para la Paz, se estableció como un mecanismo para estudiar la situación de los militantes de las Farc, que se acogieron al proceso de paz. “Es el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado entre Gobierno y Farc”. La componen 38 magistrados titulares y 13 suplentes, además de tener 14 juristas extranjeros, llamados “amigos de la Corte”. Tuvo que pasar por el Congreso (será revisada por la Corte Constitucional), para poder funcionar.

Solo que para aprobarla, en el Congreso le hicieron unas modificaciones, con las que la aprobaron en último debate. El primero tiene relación con la forma en que se revisará una solicitud de extradición, impidiéndole practicar pruebas para determinar la fecha de la comisión de un delito determinado. Esa iniciativa radicada por Paloma Valencia, en una proposición que dice: “Modifíquese el articulo 53 del proyecto de ley No. 225 de 2018 Senado y 239 de la Cámara”. Dice que la JEP solo verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos”. “No podrá decretar pruebas”. “En ningún caso la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de quien fuere solicitado en extradición”.

Hasta ese momento, el Centro Democrático: 1, Gobierno Santos: 0. Pero no contentos con este cambio, que parece inconstitucional, la misma congresista propuso: “Los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista”. Solo que el Gobierno tiene 18 meses para presentarlo y aprobarlo. Una patada en “las pastranas” de los militares. Así: Centro Democrático: 2, Gobierno Santos: 0.

El CD, con Duque elegido como Presidente, torpedea lo acordado, para demostrar el poder de su “aplanadora política”. Solo que se les olvidó la implicación de la decisión de la Corte Constitucional que dio vía libre el 3 de abril de 2018, para quedar aprobado el nuevo Estatuto de la Oposición, que es deliberativo, tiene injerencia directa en las discusiones que se den en ese recinto y puede hacer control de las decisiones que allí se tomen. La tarea no será tan fácil como pensó Paloma. Hoy recordamos que fue a su abuelo Guillermo León Valencia, con el bombardeo a Marquetalia, a quien debemos haber tenido esa guerrilla durante décadas, sembrando el terror en el campo colombiano. Olvida la mencionada parlamentaria, escogida entre otras cosas por arrastre y no porque hubieran votado por ella, que desde que se firmó el acuerdo en este gobierno, las muertes, secuestros y destrucción de pueblos disminuyeron a niveles que hacía muchas generaciones no habíamos vivido.

Esperemos que la Corte Constitucional, después de estos años que han sido de tanto descrédito por cuenta de magistrados corruptos, sea superior a las trabas que quiere imponer el Centro Democrático, y que los declare inconstitucionales. Así comenzaríamos el recuento de los 1.459 días que estará Duque en la Presidencia, partiendo de #GobiernoDuqueCd: 0, #ColombiaPatriaDigna: 0.

Esperemos que comience el largo “partido” para ir dando los resultados parciales y, el 6 de agosto del año 2022, poder dar el resultado final. Los colombianos merecemos mejor suerte que la que hemos tenido, con los 116 presidentes que nos han gobernado, en esta Patria que a pesar de todo, sigue siendo Boba.