La pensión es un derecho que tiene todo empleado que haya cotizado durante su vida laboral un número de semanas determinado y a una edad establecida.
Pero cada ministro de Hacienda, con esa maravillosa calculadora dañada que tienen en el cerebro para pensar qué hacer con los derechos de los otros, se encarga de tratar de aumentar el número de semanas cotizadas y la edad para la jubilación. Cretinismo político y estupidez humana, en un “coctel” llamado “Dramacol”. Sí, el drama de los colombianos, en manos del ministro “Dragacol”.
Ese no es el único problema. Ese creen es el gran aporte que hacen esos “genios” de las finanzas, para terminar de joder al que ha trabajado, porque el presupuesto nacional no alcanza, gracias a la plata perdida en corrupción. Y no alcanza porque burócratas como ese, lo han dilapidado sin ruborizarse, en ese manejo de especuladores que le dan al presupuesto los economistas del Estado, que no se avergüenzan, dilapidan billones “dragacoleando”, para que al final seamos los ciudadanos del común los que paguemos los platos rotos por ellos y por los hampones que se roban dineros del erario.
A un político que se enriqueció desaforadamente, sin rendir cuentas, sin tener el simple honor de mostrar sus declaraciones de renta, para que se evidencie si hubo o no un incremento patrimonial inexplicable, en alguien que siempre ha vivido de los salarios, que recibió y sigue recibiendo como empleado público. 
A ese presidente le debemos que las pensiones manejadas antes por el Estado, pasaran en buena cuantía a unos fondos privados, que obtienen rendimientos impensables y exagerados, enriquecen a los inescrupulosos cacaos que los poseen. 
Había que crear los fondos de pensiones, porque no era posible que esas sumas no estuvieran engrosando las fortunas de los grandes propietarios de los fondos. Como todos los negociantes aventajados, se lucran con el rendimiento de dineros ajenos. Ahora demoran el pago de las pensiones poniendo trabas, exigiendo documentos que se supone tenían, a lo que se comprometieron cuando afiliaron a la gente, para terminar burlándose de los pensionados, a los que les demoran injustificadamente el reconocimiento de sus pensiones, sin que les importe un pito.
La ley debía exigirles que cuando al fin las paguen lo hagan con intereses cercanos a las de la usura, y con una multa, como los que cobran en sus entidades financieras. Además los superintendentes de Sociedades y el de Industria y Comercio, deberían investigarlos, para multarlos por dejar a los pensionados sin con qué vivir, comprar lo básico en este nuevo “cartel de los pañales”. 
A esos dos funcionarios, sobre todo al segundo, honesto y transparente, no le tiembla la mano para enfrentarse a los poderosos que no lo han podido “endulzar”, y que ha demostrado un honor que no tiene precio, que no se vende. No es comprable, en una economía en la que todos creen que los demás lo tienen, que hay alguien a quien no se puede comprar. Pero “tacan burro”, porque aunque ellos no lo crean, todavía quedamos de los que no tenemos precio.
El Estado debe cumplir con su obligación. Esos fondos son el resultado de negociantes poderosos y políticos indecentes. 
Es el juego perverso de los intereses creados, de la que hacen gala muchos funcionarios, pero de manera sofisticada, para que no se note.
Demorar el pago de una pensión, es un “crimen” sin justificación en una sociedad decente. Son miles los que dependen para su supervivencia de su pago oportuno, sin aguantar hambre. Un pensionado debe tener todas las garantías, no cargar con todos los problemas y las trabas que le ponen, para que le paguen, su dinero, lo que es un derecho, ganado durante años de su trabajo, inaceptablemente demorado por las empresas que juegan con sus aportes.
El Estado tiene la obligación de manejar los dineros de los cotizantes con eficiencia, y acabar con esos intermediarios que se burlan del “Porvenir” de la gente, dejándola sin “Protección” y haciéndoles perder sus “Horizontes”.