A propósito de los debates que lleva a cabo el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, relacionados con su Estatuto General, esta columna hace alusión a visiones de Universidad en el siglo XXI, en un contexto de grandes desafíos locales resultantes de las dinámicas de la globalización.
Nuestro Estatuto General vigente fue aprobado en diciembre de 1997, en momentos muy diferentes al actual. En esa época, la Universidad contaba con 21 programas de pregrado, 13 de posgrado, 10 grupos de investigación, 5.400 estudiantes y cerca de 400 graduados cada año.
Hoy nuestra Universidad cuenta con acreditación de alta calidad y es más compleja: cerca de 15.000 estudiantes (la mayoría de estratos 1, 2 y 3 que pagan una matrícula inferior a $130.000 semestrales) cursan 104 programas de pre y posgrado. Hacemos presencia en 29 municipios con programas en diferentes modalidades a los que asisten 4.800 estudiantes de la región.
Además, el 33% de los docentes de planta tienen formación doctoral, a lo que se suman 52 grupos de investigación escalafonados en las más altas categorías en Colciencias (A, A1, B). Hemos disminuido la deserción al 9,4 por período académico (mientras el promedio nacional es del 12,4%) y graduamos casi 3.000 estudiantes al año. Tenemos 140 convenios internacionales vigentes con 27 países y 7 programas con doble titulación internacional.
Con este panorama, que no logra describir por completo nuestro quehacer pero que lo esboza en aspectos relevantes, nos preguntamos: ¿Cómo debe la Universidad de hoy, con casi 75 años, contribuir a consolidarse como patrimonio de la región? ¿A qué retos debemos dar respuesta? Son muchos y distintos los desafíos: posconflicto, responsabilidad social e inclusión, ampliación de cobertura, biodiversidad, cambio climático, innovación, emprendimiento, integración Universidad Empresa Estado, internacionalización del conocimiento, protección del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la humanidad y democratización del conocimiento, son tan solo algunos de los retos que debemos enfrentar para garantizar con mayor fuerza su legitimidad y pertinencia en el panorama actual.
Sin duda, la Universidad debe tener condiciones financieras adecuadas para su funcionamiento, pero también debe contar con disposiciones institucionales que le permitan responder a las múltiples demandas de la sociedad, y es precisamente en este marco en donde el Estatuto General juega un papel fundamental. Solo a partir de un cambio en sus fundamentos institucionales será posible dar un paso hacia una Universidad que instaure prácticas colaborativas realmente transformadoras.
Este cambio implica debatir temas nodales como la democracia universitaria, que hoy ocupa el centro de las discusiones, pero también la autonomía, la alta calidad, el sentido y la orientación de sus procesos misionales. Con relación a la democracia universitaria, es importante recordar lo que planteó Michel Wieviorka en el discurso que pronunció el día que recibió el Doctorado Honoris Causa en Humanidades por parte de la institución en junio pasado.
Para él, las redes sociales, la globalización y la crisis de los estados nación han afectado las democracias representativas, lo que obliga a pensar en nuevos sistemas que posibiliten una participación más directa de las comunidades en los procesos de decisión. Ello no significa necesariamente la instauración de mecanismos de “democracia radical” que, como se sabe, también conllevan riesgos derivados de la no representatividad de las minorías.
Experiencias de universidades del país y de otras latitudes así lo confirman: debemos profundizar en formas de gobierno y en mecanismos que fortalezcan la “democracia deliberativa”, como la vía o camino para construir sistemas participativos sólidos que posibiliten el control social y político y, sobre todo, el desarrollo de debates argumentados que favorezcan la toma de decisiones del gobierno universitario.
En la Universidad, esta posibilidad permitiría la consolidación de diálogos horizontales, la ampliación de espacios y oportunidades de interacción y, lo más importante, la actitud de escucha activa como condición necesaria para la deliberación crítica y soporte de la reivindicación de lo público concebido éste como un bien que a todas y todos nos compete.
A partir de este planteamiento, un nuevo Estatuto facilitaría el proceso de direccionamiento con base en objetivos concertados con la comunidad en estrecho vínculo con los intereses fundamentales de la educación pública. En consecuencia, la democracia deliberativa implica diseñar estrategias de construcción colaborativa a fin de construir, afianzar y ampliar los diálogos institucionales: claustros participativos, laboratorios ciudadanos de ideas, cátedras abiertas, entre otras, contribuirían a los propósitos de participación activa de la comunidad en la búsqueda de soluciones creativas a las múltiples problemáticas que la convocan.
La profundización de la democracia interna y externa de la universidad pública es uno de los tres fundamentos que, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, fortalecen su legitimidad. Otros dos aspectos importantes -entre muchos más- que aportarían a la creación de una nueva institucionalidad son: el trabajo en red entre las universidades de tal forma que se consolide una masa crítica, se propicien los intercambios entre diversas disciplinas y saberes, y se activen los flujos y procesos de movilidad permanente como también compartir recursos y equipamientos; y la evaluación participativa, entendida como “proceso de aprendizaje político y de construcción de autonomías de los actores y de las instituciones”.
No es sólo la crisis estructural de la financiación lo que afecta hoy a la universidad pública, lo es también la defensa férrea de la autonomía universitaria, la transformación de los procesos de producción e intercambios de conocimiento, los desafíos permanentes por lograr la alta calidad, la dinámica de los nuevos ecosistemas culturales hiperconectados, la problemática global generada por el cambio climático y los retos que conlleva la construcción de condiciones para la paz en un país que también se reconoce en los territorios. De todo ello debe dar cuenta el nuevo Estatuto General de la Universidad de Caldas que actualmente se debate en el seno de su Consejo Superior, en deliberaciones públicas, en vigencia de principios normativos acordados y de la decisión insoslayable de hacer público lo público.