La llegada del mes de octubre marca el inicio de un periodo en el cual  las organizaciones del país empiezan a programar el cierre de sus actividades del año corriente con el fin de verificar qué tanto se cumplieron los objetivos propuestos y plantear los retos para el próximo año. Si bien el 2022  postpandémico no ha sido tan floreciente como esperábamos a causa de inesperados conflictos, el 2023 se vislumbra más difícil aún debido al comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos afectados por la coyuntura internacional y por el nuevo escenario político nacional que anuncia  -sin mayor claridad- grandes cambios en el desarrollo económico del país.
Al elaborar presupuestos para 2023 surge pregunta inquietante: ¿Qué será de la situación laboral en las empresas y en el país? Este interrogante preocupa con mayor intensidad a las  grandes organizaciones que requieren más intervención humana  y manual, dado que el factor salarial es determinante a la hora de proyectar costos de producción, precios de venta y márgenes de utilidad para conservar competitivas las empresas. Tal es el dilema del salario mínimo, que incide sobre otras variables económico-sociales: conservar su cuantía afecta la capacidad adquisitiva de los empleados, obreros y trabajadores, habida cuenta de la inflación acumulada, y elevarlo pone en riesgo empleos y conduce inevitablemente al incremento  de precios  e incluso al cierre de pequeños negocios. Tremendo dilema ha de enfrentar y resolver creativamente el primer gobierno de izquierda en el país, so pena de sufrir un fracaso, doloroso para izquierdas y derechas.
Al igual que los responsables de la política monetaria en diversos países afectados por diversos factores externos como la invasión de Ucrania y los problemas de cadena logística internacional, el Banco de la República ha recurrido a lo que parece ser su “tabla de náufrago” para controlar la inflación: incrementar las tasas de interés, es decir, aumentar el costo del dinero y así restringir el flujo monetario, disminuir la demanda de los productos y, por ende, controlar el crecimiento de los precios. Así suene extraño, está claro que la situación está tan oscura que se requiere un tratamiento diferente al usual y burocrático de aumentar la tasa del interés del 9 al 10%. Lo grave es que fueron grandes economistas y asesores políticos quienes, no obstante su sapiencia (o tal vez a pesar de ella y  por su codicia personal) generaron la terrible pasada crisis del 2008.
El dólar, que gústenos o no todavía rige los mercados mundiales, es otro factor amenazador. El comportamiento de la tasa de cambio afecta principalmente a las organizaciones endeudadas en dólares, que dependen de insumos importados o que tengan planes de expansión con base en tecnología importada. Esto contribuirá igualmente a presionar el alza de los precios y aumentar el nivel de incertidumbre en los planificadores empresariales. Y como si esto fuera poco, la reforma tributaria que se viene estudiando en el Congreso de la República mantiene en continua zozobra la economía nacional y los bolsillos de los ciudadanos; este y otros factores han contribuido a que las operaciones bursátiles en el país se mantengan a la baja y a que muchos inversionistas hayan decidido aplazar sus decisiones de inversión o están buscando alternativas más seguras transadas en dólares para protegerse de la incertidumbre que se está presentando en el país por las expectativas de las diversas reformas que se vienen anunciando. Estamos pues frente a un 2023 que parece será difícil, es muy importante que el gobierno tome decisiones que contribuyan a tranquilizar los mercados para que los efectos de la coyuntura internacional no sean tan difíciles para el país económico.