A muchos comerciantes de Manizales les va tocar cerrar o vender su negocio a raíz del nuevo tributo que se les pretende cobrar por el uso de terrazas y antejardines. El cobro se pretende establecer, mediante el Proyecto de Acuerdo 111 que le presentó el alcalde al Concejo, ya que los empresarios realizan actividades comerciales en espacios que, de acuerdo a la ley, son propiedad privada pero se erigen como elementos constitutivos del espacio público, por lo cual están regulados para garantizar diversos derechos.

Sobre esta nueva obligación económica hay serias dudas jurídicas, ya que a pesar de denominarse “compensación”, el pago tiene cara, forma y tarifa de impuesto, aspecto que se reconoce en la exposición de motivos del proyecto porque allí se indica que una de las razones para impulsar esta iniciativa es la facultad que tiene el Concejo para votar tributos locales. No existe una ley que le permita a dicha entidad crear un impuesto con estas características, razón por la cual la aprobación de este tributo sería ilegal, tal y como lo confirmó el Consejo de Estado en una situación similar en Rionegro, Antioquia, en la que el tribunal señaló que el Concejo de este municipio “…excedió sus facultades al imponer un tributo sobre la ocupación del espacio público con ventas, sin contar con autorización legal para tal fin” (Sentencia del 11 de mayo de 2017).

Además de la posible ilegalidad, el proyecto del alcalde no está articulado a un Plan Maestro de Espacio Público como sucede en otras ciudades, no contiene censos actualizados sobre el comercio formal e informal de la ciudad, no tiene proyecciones de recaudo ni de recuperación efectiva del espacio público y se centra solo en el aspecto económico. Las tarifas son excesivas y desbordan la capacidad económica de los comerciantes ya que se cobraría mensualmente entre 15.000 y 39.000 pesos por metro cuadrado según la ubicación del negocio (Centro y Cable $39.000, Chipre y La Enea $31.249 y otros sectores $15.600). Esto propiciará que, por ejemplo, un local del Cable con 50 metros cuadrados de terraza tenga que pagar cerca de 2 millones de pesos cada mes o que un comercio de La Carola que utilice 15 metros de antejardín deba asumir una obligación mensual cercana a los $400 mil. Los más de $24 millones que tendría que pagar cada año el empresario del Cable o los casi $5 millones del comerciante de La Carola, redundarían en el incremento del valor de sus servicios, afectando el bolsillo de los clientes y a la postre generaría el despido de personal y muy posiblemente el cierre del establecimiento.

Más de 54.000 trabajadores están ligados al área de comercio, restaurantes y hoteles, por lo que, de aprobarse, esta medida afectará al sector que más empleos genera en una ciudad en la que 4 de cada 10 egresados universitarios buscan otros destinos laborales ante la falta de oportunidades derivadas de la desindustrialización y la asfixia tributaria que padecen pequeñas y medianas empresas. Se obstaculizará también el aporte de este campo a los impuestos de la ciudad, ya que si se cierran cientos de negocios se disminuirá el recaudo efectivo de tributos, dentro del cual el comercio aporta un alto porcentaje de los más de 31 mil millones de pesos que se recaudan anualmente por Impuesto de Industria y Comercio, los más de $4.500 millones de Impuesto de Avisos y Tableros, y los más de $35 mil millones que se liquidan de Impuesto Predial en el sector urbano no residencial.

Además del empleo y el aporte a las finanzas públicas, cabe resaltar que el auge de la dinámica comercial de los últimos años no se ha orientado hacia la concentración o el monopolio, por el contrario, en la actualidad coexisten negocios de todos los tamaños, se han creado y consolidado cadenas de valor que han articulado a otros sectores, se han recuperado espacios abandonados y se han generado condiciones de mayor seguridad en algunas zonas, con lo cual se ha fortalecido la economía local y la convivencia ciudadana.

El Proyecto de Acuerdo 111 no se debe aprobar y se debe abrir un gran diálogo ciudadano sobre el espacio público y la regularización comercial, que redunde en normas vinculantes que privilegien el interés general.