El Concejo de Manizales, en primera instancia, logró reversar las acciones que durante 14 años propiciaron la desprotección de la zona adyacente a la Reserva Forestal Río Blanco. La decisión de la Comisión Primera de sustraer como áreas de expansión urbana los sectores de La Aurora, La Alhambra, Veracruz y Corinto, establece un orden de cosas legal y deseable en el ordenamiento de la ciudad, ya que en estas zonas no deben desarrollarse proyectos inmobiliarios y menos de la magnitud que se planteó con el proyecto Tierraviva. 
Sería un grave error y un desacierto histórico que en la plenaria del Concejo o en otra instancia se intentara reversar una decisión, que como ninguna otra en tiempo reciente, ha sabido entender el clamor ciudadano y lo ha convertido en norma. Las dos marchas carnaval que han congregado a más de 5.000 personas, las más de 10.000 firmas recolectadas en tiempo récord, las cerca de 40 ponencias en el Cabildo Abierto del POT y las decenas de pronunciamientos en defensa de Río Blanco, han sido acciones ciudadanas contundentes para demandar de las entidades públicas un compromiso serio y duradero con la preservación de las áreas de interés ambiental estratégicas para la ciudad. 
La determinación de la Comisión Primera debe estar fuera de cualquier cuestionamiento jurídico. Los concejales que hoy deciden el futuro del ordenamiento territorial de Manizales hasta el año 2031, tienen plenas facultades para ajustar, corregir y echar para atrás lo que consideren que no está bien y lo que estimen que no beneficia a la mayoría de ciudadanos. No tendría sentido que la función constitucional de ordenar el territorio, conferida a este órgano y a otras autoridades, no permitiera la reversión de cosas que no debieron haberse dado. En este sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que no hay “derechos adquiridos” cuando se habla de este tema, toda vez que “la prevalencia del interés general sobre el particular y las funciones social y ecológica de la propiedad, determinan que desde la perspectiva constitucional, no pueda hablarse de derechos en materia de usos del suelo frente a las regulaciones que se hacen en el plan de ordenamiento territorial de los municipios y distritos” (Sentencia C-192 de 2016). 
Las decisiones que han permitido este importante avance en la protección de zonas estratégicas para la ciudad, además de mantenerse, deben llevarnos a sellar un pacto en defensa de Río Blanco y de la Estructura Ecológica Principal de Manizales, esto es, de los bosques, páramos, quebradas, ríos, laderas, rondas hídricas y el resto de elementos ecológicos (protegidos y no protegidos), que garantizan la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, la biodiversidad, la productividad y la perpetuación y calidad de vida en este territorio. 
Los funcionarios públicos deben garantizar que se mantengan las restricciones y limitaciones a desarrollos urbanos en estas zonas. La sociedad civil debe continuar con sus labores de veeduría, denuncia y acompañamiento. Quienes desarrollen actividades productivas al interior o en cercanía de las áreas de interés ambiental, deben recibir estímulos para abandonar estas prácticas y para realizar acciones de protección, o deben ser reubicados en otras zonas con plenas garantías. Y quienes tengan expectativas comerciales en zonas reguladas y protegidas, como la constructora CFC & Asociados con la urbanización Tierraviva, deben reestructurar sus proyectos en otras partes de la ciudad, pudiendo ser incluso beneficiarios de los mecanismos de compensación estipulados en diversas normas, como estímulos tributarios o la transferencia de derechos de construcción y desarrollo (Ley 388 de 1997 y decretos 151 de 1998 y 1337 de 2002).
Solo un consenso entre autoridades públicas, sociedad civil y otros actores podrá garantizar que la preservación y el incremento de la protección de Río Blanco y la Estructura Ecológica Principal de Manizales, sea posible, progresiva e irreversible, como lo exigen las normas y lo demanda el estado actual del planeta.