Debido a su riqueza ambiental, hace 27 años se creó legalmente la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares en el oriente de la ciudad. El suministro de agua al 35% de los habitantes de Manizales, sus cuatro humedales y las 344 especies de aves y 41 de mamíferos que posee, dentro de las que sobresalen tucanes, colibríes, dantas, perezosos y monos, son algunas de las razones por las que se determinó que Río Blanco fuera una zona de especial protección en la región.

A pesar de la importancia estratégica de Río Blanco, más aun cuando el cambio climático es una realidad reconocida a nivel mundial por el 97% de los científicos del área, desde 2003 se han realizado modificaciones en las normas que rigen el ordenamiento territorial de Manizales con el objetivo de que se urbanicen sus zonas colindantes, áreas que legalmente tienen que destinarse a su protección. Muestra de ello son las modificaciones al POT en 2003 y la sustracción de un área de la Reserva Central de Colombia, medidas que han permitido el avance de proyectos urbanísticos en la zona.

Gracias a este rediseño jurídico, avanza en La Aurora, terreno colindante a Río Blanco, la urbanización Tierraviva Biociudadela, a cargo del poderoso consorcio CFC y Asociados S.A. La firma, que es la principal constructora de la región, ubicándose en el puesto 17 de las 500 empresas más grandes de Caldas, con activos por valor de 86.000 millones de pesos y ventas en 2015 por más de 35.000 millones de pesos, promueve este proyecto que tiene un costo superior a los 300.000 millones de pesos y en el que se proyectan más de 10.000 habitantes en su fase inicial.

La construcción de miles de unidades de vivienda en la zona impactará negativamente la reserva de Río Blanco, con lo que podría reeditarse el triste capítulo del área de interés ambiental de Monteleón, la cual, a raíz de la apatía oficial, el avance de las urbanizaciones y la presencia de colonos, ha ido desapareciendo paulatinamente.

Es por lo menos extraño que el proyecto de Felipe Calderón avance con el ímpetu y el respaldo oficial que lo hace, teniendo en cuenta el inminente riesgo ambiental y social que implica pero además considerando que está en curso una acción popular y otros recursos jurídicos contra la urbanización de esta zona. Es también factor de preocupación el hecho de que las autoridades no acaten las normas que las obligan a proteger la zona adyacente a la Reserva Río Blanco, como la Ley 165 de 1994 y el Decreto 2372 de 2010, y continúen haciéndose los de la vista gorda, como si la seguridad jurídica solo existiera para los inversionistas privados y no para garantizar la protección del interés general.

En respuesta a una petición que interpuse en Corpocaldas frente al caso de Río Blanco, la corporación señala que efectivamente las “áreas circunvecinas y colindantes deben cumplir una función amortiguadora de acuerdo con los objetivos de conservación del área protegida, en este caso reserva forestal protectora”, y ratifica que “las corporaciones tienen la facultad para definir lineamientos para la determinación de la Función Amortiguadora de las reservas forestales protectoras”. Por último, la autoridad ambiental me informó que “se está construyendo el acto administrativo que recoge los lineamientos para el cumplimiento de la función amortiguadora” en las áreas adyacentes a Río Blanco, es decir, que prontamente se debe expedir un documento en el que se señale la manera en que deben protegerse zonas como La Aurora, razón por la cual resulta ilógico que se avance en una urbanización, que a todas luces no garantizará el cumplimiento de esta función y que podría verse frenada por las definiciones que tomen Corpocaldas y otras entidades.

Ante este conflicto, fue creada hace unas semanas la convergencia Todos somos Río Blanco, la cual defenderá la vigencia de la Reserva Río Blanco como un pulmón de la ciudad y como una generadora de agua para todos los manizaleños.